Abril de 2025 quedará grabado en la memoria colectiva de España por dos hechos históricos, por negativos. Un gran apagón eléctrico sin precedentes nos sorprendía mientras estábamos ensimismados en nuestras rutinas. Y, cuando por fin volvía la luz y recuperábamos el pulso de la actualidad, recibíamos como jarro de agua fría noticias sobre la tan dilatada a la vez que esperada revisión de las reglas de explotación del Tajo-Segura. Nos llegaba a través de la filtración de un informe que, de convertirse en norma, supondría eliminar el uso agrícola mediante una merma progresiva de un 40% hasta 2027 de las cantidades a trasvasar y de un 50% de las aportaciones para el regadío.
Como decía, si este documento se materializa, “se acabó lo que se daba” por la unilateralidad de un Gobierno que no responde a criterios científicos coherentes que justifiquen el recorte del agua que se nos niega. Tras unos cuantos berrinches y presiones de Emiliano García-Page, podemos afirmar que su aprobación sería el epitafio de una infraestructura histórica y necesaria para la continuidad de la agricultura del Levante español e inevitablemente para el conjunto de la sociedad y todo el tejido empresarial.
El apagón en forma de colapso eléctrico que sufrimos el pasado lunes puede equipararse al que Sánchez quiere imponer a nuestro sector agrario con este recorte. No podemos depender de decisiones políticas injustificadas, necesitamos un plan de infraestructuras hídricas estable que contemple todas las fuentes del recurso: reutilización, depuración, ahorro del agua, desalación y por supuesto, trasvases. Dejarnos sin trasvases es una irresponsabilidad; es dejarnos a oscuras de repente, sin previo aviso, como el 28 de abril.
Pero si algo me ha llamado especialmente la atención de todo este teatro mal orquestado han sido las declaraciones que el subdelegado del Gobierno en Alicante ha hecho en referencia al hachazo. Resulta irónico, por no decir ofensivo que hable de “menudo castigo” sobre el envío de 180 hm cúbicos de agua en este trimestre, como si fuese un regalo o tuviésemos que arrodillarnos y cumplir penitencia por lo que es simplemente una obligación legal. Sí, por supuesto que este envío es histórico, y lo es entre otras cosas porque no se va a volver a dar con estas nuevas normas que nos imponen, que plantean elevar el nivel 1 a 1.600 hm cúbicos, cifra absolutamente inalcanzable.
Y que conste, ante todo, que si se ha dado no ha sido por una buena gestión hídrica de este gobierno, sino por una naturaleza que este año ha sido muy generosa.
Dice también, que estas reglas buscan “dar estabilidad al Trasvase Tajo-Segura”. ¿De qué estabilidad habla? Probablemente de aquella que a la vida proporciona la muerte, el descanso eterno, pues es lo único que nos ofrecen a los agricultores alicantinos, el fin arbitrario de nuestra actividad. Nosotros solo reivindicamos nuestro derecho legítimo al agua atendiendo siempre a garantizar un futuro para el campo bajo los criterios de solidaridad, sostenibilidad y vertebración del territorio, siendo eje fundamental el trasvase Tajo-Segura.
Señor subdelegado, podría usted dedicarse a pensar cómo Alicante puede dejar de ser la última provincia en inversión de toda España cuando es la quinta en PIB, más que en difundir disparates sobre una infraestructura que asegura la producción de frutas y hortalizas frescas de calidad y que sustenta decenas de miles de empleos vinculados a un sector primario sólido que alimenta a españoles y a europeos cuando aprieta el frío en otras regiones.
Desde ASAJA Alicante rechazamos cualquier declaración que intente menospreciar el recurso que sostiene a nuestros productores y el buen uso que hacemos de él, pese a las muchas dificultades que se presentan. No, señor subdelegado, no vamos a pasarlo por alto. Con el trasvase no se juega.
