Cada verano, en los siete municipios que forman el corazón del Vinalopó —Agost, Aspe, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Novelda y La Romana—, miles de manos envuelven racimo a racimo en pequeñas bolsas de papel. Es un trabajo artesanal, minucioso, incomparable a cualquier otra uva de mesa del mundo. Precisamente, la singularidad de este embolsado es la que nos ha dado la Denominación de Origen Protegida, la que nos distingue en el lineal y la que, en teoría, debería garantizarnos un precio digno.
Sin embargo, hay una pregunta que cada campaña resulta más difícil de esquivar: ¿cuánto tiempo podremos seguir produciendo así si el mercado no está dispuesto a pagar lo que cuesta hacerlo?
Arrancamos una nueva campaña con la ilusión de siempre: el Consejo Regulador prevé una producción superior a los 29 millones de kilos y una cosecha de calidad excepcional. Indiscutiblemente, estamos ante un cultivo estratégico para el Vinalopó que sostiene buena parte de la actividad económica y del empleo de nuestros municipios. Durante los meses de recolección, generamos trabajo directo para unas 11.000 personas, cifras que hablan por sí solas de todo lo que está en juego cada campaña.
A priori, son datos que deberían invitarnos al optimismo. Pero los agricultores sabemos que una buena cosecha no es necesariamente una buena campaña.
Venimos de un ejercicio complicado, marcado por unos precios en origen que no han respondido al esfuerzo, al riesgo y a los costes que llevamos soportando. Y lo más preocupante es que no estamos ante una circunstancia puntual; es una tendencia que se repite y que, año tras año, estrecha un poco más el margen de supervivencia de nuestras explotaciones.
Porque mientras la uva no se vende, el agricultor sí paga. Paga los fertilizantes y los productos fitosanitarios para proteger un cultivo especialmente delicado. Paga la mano de obra imprescindible para una producción que exige un trabajo artesanal que no puede mecanizarse. Paga salarios, cotizaciones y seguros sociales. Paga impuestos y tasas, haya sido buena o mala la campaña. Paga el gasóleo del tractor, la energía necesaria para el riego, el transporte desde la parcela hasta la cooperativa o el almacén y después hasta los mercados.
Y paga también algo que muchas veces no aparece en el precio final, pero que resulta imprescindible para que nuestra uva llegue al consumidor con las garantías que exige una figura de calidad: envases, conservación frigorífica, certificaciones, controles de calidad y toda una cadena de comercialización que se encarece mientras el precio percibido por quien produce permanece estancado o, directamente, en retroceso.
Todos estos gastos forman una pinza que aprieta cada vez un poco más.
Y aquí está una de las principales lacras de la producción de la uva en fresco: el precio se pone en destino, no en origen. El agricultor asume unos costes que no dejan de crecer —mano de obra, agua, energía y otros inputs imprescindibles—, pero no puede trasladarlos de forma proporcional al precio que recibe por su fruta.
Ahora mismo, poner precio significa no vender. Si trasladamos al mercado todo el aumento de los costes, nuestra uva pierde competitividad frente a otras que no requieren el mismo nivel de calidad, trazabilidad y cuidado que exige el embolsado. Y si no los trasladamos, somos los agricultores quienes asumimos la diferencia hasta que el margen desaparece.
¿El resultado? Partidas que no encuentran comprador o acaban malvendiéndose a precios de saldo. No es falta de eficiencia ni de gestión: es que el mercado no está reconociendo el coste real de producir una uva como la nuestra.
Ahora, el problema ha dejado de ser cuánto podemos producir para ser cuánto tiempo podremos seguir haciéndolo.
Lo que está en juego no cabe en una cuenta de resultados. Es un paisaje, una tradición, una forma de vida y miles de empleos que solo tendrán futuro si la uva embolsada sigue siendo rentable.
Toda la cadena de valor —distribución, gran consumo y administraciones— debe asumir que la calidad tiene un coste y que no se puede seguir exprimiendo al agricultor. No hay Denominación de Origen sin agricultores, ni exclusividad sin rentabilidad. Y no habrá futuro para la uva embolsada del Vinalopó si producirla acaba siendo un lujo que quien la cultiva ya casi no puede permitirse.
