ASAJA Alicante alerta del impacto de una reducción de jornada laboral pensada desde la ciudad y no para el campo

07/05/2025

La reducción de jornada laboral amenaza con agravar la crisis del sector primario, si no se adapta a su realidad. Desde ASAJA se advierte que imponer desde el ámbito urbano una normativa sobre reducción de jornada, registro horario y desconexión digital sin tener en cuenta las particularidades del ámbito agrario supondría un duro golpe para agricultores y ganaderos.

A falta de conocer el texto definitivo del proyecto de ley, que regulará la reducción de la jornada laboral, ASAJA reitera la necesidad de adaptar cualquier medida a la realidad específica del campo. Un llamamiento al que se suma ASAJA Alicante porque el campo ya soporta una carga insostenible de costes, burocracia y exigencias medioambientales que ponen en jaque su viabilidad.

Desde la OPA se ha pedido al Gobierno un estudio previo riguroso que evalúe el impacto y la viabilidad de aplicar esta norma en el sector primario, donde las condiciones estructurales, económicas y laborales son radicalmente distintas a las del ámbito urbano.

Es importante destacar que la actividad agraria depende del ciclo biológico, del clima, de las estaciones; y no responde a horarios fijos ni a estructuras cerradas. Por eso, ASAJA defiende que sea la negociación colectiva la que determine, con flexibilidad y conocimiento, las condiciones laborales en el campo.

Asimismo, la imposición de un registro horario obligatorio, difícil de cumplir en muchas zonas rurales por falta de cobertura y conectividad, ya supone una carga burocrática adicional, inasumible para muchas pequeñas y medianas explotaciones. A esto, hay que añadir la desconexión digital, un concepto urbano que poco encaja en un sector donde la atención a cultivos y animales no entiende de horarios.

Ante esta situación, ASAJA denuncia que esta norma aumentará los costes de producción, y eso acabará trasladándose a los precios, afectando también al consumidor. “Estamos ante una medida que no tiene en cuenta la estructura ni la economía real del sector agrario”, advierte el presidente de ASAJA, Pedro Barato. “Es un nuevo lastre para la competitividad del campo español, y podría empujar a muchas explotaciones, ya al límite, a la desaparición”.

En el dictamen emitido por el Consejo Económico y Social, muchas de las propuestas de ASAJA fueron recogidas. Ahora, la organización agraria espera que también lo estén en el texto final del proyecto de ley. De lo contrario, se estaría legislando de espaldas al mundo rural, aumentando la inseguridad jurídica y generando más desigualdad entre el campo y la ciudad.

El campo español se enfrenta ya a grandes retos como la crisis de precios, la falta de relevo generacional y las exigencias medioambientales de la política agrícola comunitaria, y con esta medida el impacto va más allá del ámbito laboral.

FUENTE: ASAJA Nacional

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