Los agricultores de la Comunidad Valenciana, en nuestro compromiso por hacer productos buenos y de calidad, deber que asumimos por oficio y vocación, nos esforzamos por sacar al mercado frutas y hortalizas frescas de calidad que cumplen milimétricamente todos y cada uno de los requisitos que nos imponen quienes legislan en Bruselas, gente que toma decisiones desde suntuosos despachos sin tener ni idea de la realidad que atraviesa el campo. Porque nunca lo han pisado, no lo pisan, ni tampoco se les espera.
Lo cierto es que la agricultura es un trabajo que te tiene que dar para comer; ha de ser rentable y asegurarte unos ingresos porque si no, como en otros sectores, no te queda otra que abandonar y reinventarte, por mucho que te duela.
Esta Europa que vive bajo el yugo de los lobbies ecologistas está empujando a nuestras explotaciones a perder productividad mientras nos cuelan frutas con plagas procedentes de terceros países a quienes se les exime de cargas y obligaciones, como si hubiese una clara intención de allanarles el camino… ¿Es que les tenemos que rendir algún tipo de pleitesía?, ¿les debemos algo? La Comunidad Valenciana ha perdido 34.000 hectáreas de cítricos en los últimos diez años porque crece el abandono por los bajos precios que percibe el productor. En 2022, en España cayó la producción de naranja en más de 800.000 toneladas, lo que implicó una merma en la exportación a Europa, incrementándose en la misma proporción la importación de naranjas de países terceros. ¿Naranjas? Sí, nuestras icónicas naranjas valencianas.
Nos decían la semana pasada europarlamentarios de la talla de Zoido o Aguilar, contrarios a estas normativas europeas tan lesivas para el agro español, que no existe explicación coherente, que lo único cierto es que el sector primario español es una moneda de cambio para que estas naciones hagan grandes negocios a costa de cargarse la Huerta de Europa. Por poner la nota positiva, se comprometían a no claudicar en el esfuerzo de defender la agricultura mediterránea.
Pero vean la otra cara de la moneda, la del consumidor, la de ese turista que se aloja en un hotel de la Comunidad, que ha escuchado o sabe que somos líderes en el sector citrícola, pero al que se le deja expuesto ante un abanico de productos de dudosa procedencia, tratados con plaguicidas aquí prohibidos desde hace más de dos décadas, atentando así contra la seguridad alimentaria de toda la sociedad.
La política agraria de la UE sufre de trastorno bipolar, pues quienes la llevan a cabo anuncian una defensa que no existe. Nos arruinan mientras admiten cualquier cosa que venga de fuera con tal de que sea barata y aporte gran beneficio a las cadenas de distribución. A esos dirigentes europeos disfrazados con capas verdes que quieren imponer unos marcos regulatorios medioambientalistas se les escapa averiguar cómo tratan esos países a quienes consideran hermanos a su propio medio natural, su ecosistema, los productos químicos que usan para producir y las condiciones de sus trabajadores.
Por lo que, haciendo una reflexión sobre lo que vivimos y escuchamos en la III Jornada de cítricos ASAJA Alicante, considero que es prioritario revitalizar y velar por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, con unos contratos de compraventa justos y equilibrados para todas las partes; una mayor inversión por parte de la Unión Europea y la administración nacional en la prevención de nuevas plagas y enfermedades como el HLB, que está destruyendo la citricultura allá por donde pasa; solventar el problema del agua de Alicante y desarrollar un plan de reconversión que prime a los agricultores profesionales y, por último, conseguir un cambio en la Política Agraria Común que no castigue a la productividad y que reconozca los valores ambientales de la agricultura. Sin todo esto, “nanai de la China”.
