El pasado 11 de enero, decenas de miles de personas nos plantamos en la puerta del ministerio que pretende dinamitar el Trasvase Tajo-Segura para hacer oír nuestro desacuerdo. Aquel día no fue uno cualquiera, no. Y no lo fue precisamente por lo que ese acto representó. Agricultores y regantes, como siempre, pero también ciudadanos, políticos de todos los colores, empresarios y medios de comunicación, que aguantaron impávidos a pesar de la fina lluvia que nos recibió puntual en la capital a las diez de la mañana, escribimos una nueva hoja en la historia del futuro del acueducto y de nuestro propio porvenir. Tal vez sin pretenderlo, las personas que allí estuvimos no solo dimos un golpe sobre la mesa ante la aprobación de un plan que teñirá de negro el sector primario, el de la producción de frutas y verduras en fresco del Mediterráneo. También empezamos a ponerle fin a la atroz maraña de confusión creada por una ministra que ha jugado con la semántica y el desconcierto para llevarse a su terreno una serie de mentiras que, a pesar de ser repetidas cien veces, nunca se convertirán en verdad. Aquel día, la sociedad comenzó a entender que esto del trasvase va con todos los ciudadanos. Aquel día, la “guerra del agua” dejó de ser un quebradero de cabeza exclusivo del sector agrario para adquirir la dimensión social y económica que se merece.
A lo mejor ha llegado el momento en que hemos entendido que el recorte restará competitividad a nuestro territorio. O quizá se ha hecho demasiado evidente que este gobierno socialista quiere convertir en ley un argumento basado en mentiras, con una hoja de ruta de apariencia ambiental que se empeña en vendernos la sustitución del agua trasvasada por desalada.
Es cierto que existen cinco sentencias del Supremo en las que se determina que en el río Tajo debe establecerse un régimen de caudales ecológicos mínimos en todas sus masas de agua. Hasta ahí vamos bien. Pero, para aclarar ideas, separemos la “paja del grano”.
La primera mentira es que en Alto Tajo si existe ese caudal ecológico mínimo. No solo existe, sino que está determinado por la propia ley 52/80 que regula el régimen de funcionamiento del propio trasvase, con un valor de 6 m3/segundo, posteriormente ratificado por la ley del Memorándum del Trasvase. Se define como “Caudal Mínimo Ambiental”, que es exactamente lo mismo que “Caudal Ecológico Mínimo”. Y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo. Por tanto, cuando la ministra Ribera afirma que las sentencias del TS obligan a fijar caudales en el Tajo, debe referirse a las zonas que no los tenían fijados, no al Alto Tajo.
La segunda mentira hace referencia a la cuantía de esos caudales. En el Alto Tajo los fija en 8,60 m3/segundo, cuando no existe ningún informe técnico ni medioambiental que fundamente ese valor. Todo lo contrario, con el actual valor de 6 m3/segundo todos los estudios confirman el buen estado de las masas de agua aguas arriba de Aranjuez. Otro tema muy distinto es como está el Tajo aguas debajo de Aranjuez cuando se junta con el caudaloso y negro río Jarama proveniente de la urbe de Madrid, y así lo reconoce el Consejo de Estado
La tercera mentira es la capacidad de sustitución del agua trasvasada por desalada. Esta es la peor de todas. Ni por cantidad, ni por calidad, ni por coste económico ni por impacto ambiental, el agua desalada puede ser alternativa a la trasvasada. El agua desalada es 500% más contaminante en emisiones de CO2, sin contar el daño a costas derivado del vertido de salmuera, por mucho que los grupos ecologistas nieguen públicamente tal prejuicio. En este sentido más vale ser claro, pues todos sabemos que cuando estos activistas “roji-verdes” se ponen al servicio del poder político son capaces de comerse un sapo crudo sin rechistar. En cuanto al coste económico, frente a los 0,17 €/m3, la desalada cuesta 1,3 €/m3, y no vale el argumento de que se subvencione, pues la Unión Europea lo prohíbe taxativamente.
La cuarta gran mentira; la energía fotovoltaica como panacea para el abaratamiento del coste económico y ambiental de la desalación. El propio director general del Agua del MITECO reconoció en unas jornadas de la CEV que la energía fotovoltaica no puede tener una gran incidencia en la rebaja del coste de la desalación, no más allá del 5%. Así las cosas, cuando se dice que con la fotovoltaica se conseguirá agua desalada casi gratis, es una tremenda falta a la verdad.
La semana pasada, el Consejo de Estado le reprochaba a Ribera su falta de trasparencia en el trámite del Plan del Tajo, y le recordaba que los caudales ecológicos deben tener fundamento técnico y ser compatibles con los trasvases. Ahora más que nunca, no sería justo tener que encajar lo que desde arriba se nos impone ni cargar con un lastre económico que solo obedece a los caprichos políticos, autoritarios y unilaterales de una ministra desnortada. Hoy, volvemos a protestar frente a la Moncloa mientras se debaten las planificaciones hidrológicas. Esta lucha sigue y ahora somos más fuertes, porque sus mentiras ya no convencen a nadie. La incoherencia que nos quiso colar está poco a poco quedando descubierta y, llegados a este punto, solo queda esperar que este sinsentido termine, que el trasvase Tajo-Segura se mantenga tal y como está y que, finalmente, las urnas pongan a cada uno en el lugar que le corresponde. Tan solo queda esperar ese día en el que la mentira llegue a su fin.
