• El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, avanza un “otoño caliente” de movilizaciones y acciones ecológicas, solidarias y ambientales
• El coordinador de la Comisión Técnica de la Mesa del Agua, Joaquín Melgarejo, señala que este procedimiento “incumple los procesos de transparencia y participación pública”.
• El presidente de ASAJA-Alicante, José Vicente Andreu, insiste en que el 40% del valor de la producción agraria de la provincia está asociada al trasvase y que de él dependen 40.000 empleos directos y 100.000 indirectos.
28-07-21.- El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha calificado de “nuevo atropello” el Real Decreto aprobado ayer en Consejo de Ministros por el que se modifican los parámetros de las reglas de explotación del Tajo-Segura. “Se trata del siguiente clavo en la mortaja del trasvase” ha sentenciado el presidente, quien ha apuntado que, con esta acción, “se consuma una de las decisiones más lesivas de la historia para la provincia de Alicante en el periodo democrático”.
“Desde la sinrazón del Consejo de Ministros, que ayer ratificó la peor de nuestras expectativas, hoy alzamos la voz, nuestra acción, nuestro reproche, nuestra movilización, nuestros recursos y todas y cada una de las herramientas e instrumentos tanto jurídica, como política, social, mediática y organizativamente, de movilización y protestas”, ha asegurado el dirigente alicantino, quien ha avanzado que ya se ha puesto en marcha “la maquinaria judicial, desde el asesoramiento técnico y jurídico de la Mesa Provincial del Agua, y los primeros informes están en manos de ASAJA y de los miembros de este órgano para poner interponer los recursos correspondientes”.
El presidente de la Diputación ha detallado esta mañana en rueda de prensa las acciones que de manera inmediata emprenderá la institución provincial, junto a los regantes y agricultores alicantinos, ante este Real Decreto que cambia la regla de explotación del trasvase Tajo-Segura y que, entre otras disposiciones, establece reducir de 38 a 27 hectómetros cúbicos el trasvase mensual. Durante la rueda de prensa, el presidente ha estado acompañado por el coordinador de la Comisión Técnica de la Mesa del Agua, el catedrático y director del Instituto del Agua de la UA, Joaquín Melgarejo, y por el presidente de ASAJA-Alicante, José Vicente Andreu.
Mazón ha recordado que la batería de alegaciones y de acciones institucionales y de los sectores productivos alicantinos se sustenta en datos científicos. “No es una pataleta ni una defensa irracional de los derechos de una tierra, que por otro lado es justa, sino de datos de rigor científico y académico, más allá de los valores de solidaridad, justicia, ecología y de evitar el cambio climático que están saltando por los aires con la consumación de la decisión del Gobierno de España”.
En esta línea, el presidente de la Diputación ha adelantado a los medios de comunicación congregados en la rueda de prensa que la resolución provincial contra este agravio sin precedentes es total, al tiempo que ha censurado las dobles lecturas y los dobles juegos, “en concreto por parte del Partido Socialista, que es el que está clavando ese clavo en la mortaja del Tajo-Segura. Ya no valen declaraciones ni palabras vacías que no se traducen en nada, ni decir que el trasvase es irrenunciable cuando cada día el partido Socialista renuncia a él. Hay una falta de peso político lamentable de los gobernantes de la Comunitat Valenciana ante el Gobierno de España y ante las direcciones de sus propios partidos”.
En su intervención, Mazón ha elogiado el trabajo que viene desarrollando ASAJA-Alicante en los últimos tiempos y su gestión responsable de reivindicación y capacidad de influencia en ASAJA-España y ASAJA-Castilla-La Mancha. Al respecto, ha argumentado que hace unas semanas los propios regantes y agricultores de esta comunidad autónoma reivindicaban la permanencia del trasvase en las actuales condiciones con argumentos fundamentales como el hecho de saber que el agua que no llega a Alicante, Almería y Murcia se pierde en el mar a través de Portugal. Este país, según el presidente de la Diputación, “recibe un trasvase por encima de sus necesidades y por encima del sentido común y de los datos técnicos y, sin embargo, se nos niega el agua a quienes sí vamos a dar un buen uso de ella”.
Como conclusión, Mazón ha querido alertar de que, aunque parezca que esta situación ha llegado a la peor de sus situaciones, “no es así, aún puede empeorar más, por difícil o imposible que parezca, puesto que la hoja de ruta del Gobierno socialista, que ha calificado de barbaridad este trasvase, sabemos que no se para con esta resolución. De aquí a final de año queda la toma de decisión con respecto a las normas de explotación y ese está llamado a ser, si no lo impedimos, el último clavo al ataúd del Tajo-Segura”.
Joaquín Melgarejo
Por su parte, Joaquín Melgarejo ha detallado las consecuencias ambientales y económicos que provocará esta medida en los regantes y agricultores de la provincia, que pasarán a recibir de 38 a 27 hm3 en el nivel 2.
Según ha explicado el coordinador de la Comisión Técnica de la Mesa Provincial del Agua, en el decreto aprobado ayer se dice que el cambio en las normas de explotación fue en base a las recomendaciones del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) en 2020, pero hay otros postulados de dicha entidad que el Gobierno ha dejado fuera.
Para Melgarejo, el CEDEX determinó como recomendaciones en su informe que no se dispusieran medidas hasta que se cerrara el nuevo Plan Hidrológico de Cuenca, ahora en tramitación, un documento en el que también concretaba que cualquier modificación de la regla debería ser parcial y que habría que esperar a la nueva actualización completa de la regla, una vez entrara en vigor el nuevo Plan Hidrológico del Tajo.
“Se ha aprobado este Real Decreto, en contra de las recomendaciones del CEDEX, y resulta injustificado, carente de motivación suficiente, inoportuno, extemporáneo y, por tanto, arbitrario, que es lo que consideramos con esta medida”, ha reprochado Melgarejo, quien además ha apuntado que interfiere en el procedimiento de Planificación Hidrológica en curso y afecta al proceso participativo, “incumpliendo los procesos de transparencia y participación pública”.
“Que en medio de una toma de decisiones tan importante nos establezcan una cuestión que distorsiona las bases estadísticas sobre las que se toman las decisiones repercute en que este proceso se vea en buena medida alterado por una decisión eminentemente política y genere una infracción del principio de legalidad”, ha manifestado.
“Consideramos que la decisión de este Consejo de Ministros es desproporcionada, irrazonable, innecesaria e inadecuada”, hecho que afecta, según ha avanzado el coordinador de la Comisión Técnica de la Mesa del Agua, en los volúmenes que se recibirán, entre 13 y 33 hm3, “una horquilla que como merma vamos a sufrir en la cuenca del Segura”.
Económicamente significa que habrá menos caudal para distribuir entre el sector agrario, tal como ha puntualizado, y que, por tanto, se deberá incrementar el agua desalinizada, situación que encarecerá el precio del agua, “pasando de 15 a 60 céntimos por cada m2 y que repercutirá en el coste ambiental, porque producir el agua desalinizada es cinco veces más cara debido a las emisiones de CO2”.
ASAJA Alicante
Finalmente, el presidente de ASAJA ha concretado que la primera reacción de los agricultores y regantes alicantinos “es de perplejidad porque no entendemos porque el Gobierno de España y la ministra tienen tanta prisa por adoptar una serie de acuerdos que son gravemente lesivos para la agricultura levantina en el contexto actual de grave crisis sanitaria, que se traduce en una crisis económica y social en la que sectores fundamentales para la economía del país están sufriendo y la agricultura se ha demostrado que es una actividad primordial”.
Asimismo, ha añadido que en Alicante no se puede pensar en hacer agricultura sin agua, “es inviable y hemos un esfuerzo titánico en los últimos 40 años en convertir unas tierras secas y desérticas en un auténtico vergel que nos dan garantía alimentaria a España y al resto de Europa. No hay problema de agua en este año hidrológico, tenemos los embalses a un buen nivel”.
Las acciones que está desarrollando el ministerio para la Transición Ecológica “nos castigan a la agricultura más activa y rentable económica, social y ambientalmente del país y nos aboca al abismo”, ha insistido Andreu, quien también ha querido aclarar que es falso que exista una guerra entre agricultores levantinos y manchegos. “Es el engaño que quiere cometer este Gobierno, que se jacta de ser dialogante pero que no dialoga con los alicantinos. Nuestros compañeros agricultores manchegos ven que en las propuestas del Plan de Cuenca el agua que pretenden quitarnos al Levante español es para tirarla al mar, no es para ellos”.
En esta línea, el presidente de ASAJA-Alicante ha desacreditado las acciones de “un ministerio que se llama de Transición Ecológica, pero que quiere acabar con una infraestructura que ambientalmente es sostenible, que ha sido un ejemplo, que ha convertido 140.000 hectáreas desérticas en un vergel. Nos enfrentamos a incertidumbres y dislates económicos y ambientales que no sabemos dónde nos llevarán, sin sentarse a establecer una mesa de diálogo con los afectados, que son los regantes”.
Andreu ha querido recordar que para Alicante el recorte del trasvase es una condena, “porque casi el 40% del valor de la producción agraria de la provincia está asociada al trasvase Tajo-Segura y porque hay 40.000 empleos directos y más de 100.000 indirectos”.
Tanto Mazón, como Melgarejo y Andreu han avanzado que en septiembre se llevarán a cabo movilizaciones, cuando los datos epidemiológicos mejoren y lo permitan, al tiempo que han hablado de “otoño caliente”, no solo por los procedimientos procesales, jurídicos y judiciales que se desarrollen, sino también por las acciones ecológicas, solidarias y ambientales.
Para concluir, Mazón ha reiterado su convencimiento de que la única solución segura para acabar con los recortes del trasvase es “un cambio de gobierno en España y en la Comunitat Valenciana”.
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