El pasado 11 de enero, decenas de miles de personas nos concentramos en la puerta del Ministerio para la Transición Ecológica para protestar contra la intención del Gobierno de dinamitar el Trasvase Tajo-Segura. Este, lejos de ser un acto más de otros tantos, fue diferente por lo que representó. Allí estuvimos las asociaciones agrarias y regantes, como siempre, pero también decenas de trabajadores arropados por sus organizaciones sindicales, que no dudaron en ponerse de cara ante un problema cuya dimensión parece por fin empezar a calar en el tejido económico y social. Los medios de comunicación y los políticos de casi todos los colores apoyaron la causa a pesar de la fina lluvia que nos recibió puntual en la capital a las 10 de la mañana. Y, como saben, con más o con menos valentía y presencia, los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía también nos “acompañaron”. Tampoco me olvido de los empresarios, que dejaron atrás sus agendas para unirse en primera fila. Para el que quiera legitimidad democrática del acto, allí estuvieron representados más de 14 millones de ciudadanos. Desde ese día, la “guerra del agua” ha adquirido un tinte nacional que ha dejado de ser un quebradero de cabeza exclusivo del sector agrario.
A lo mejor ha llegado el momento en que hemos entendido que el asunto restará directamente competitividad a nuestro territorio. O quizá se ha hecho demasiado evidente que este gobierno socialista quiere convertir en ley un argumento basado en mentiras, con una hoja de ruta de apariencia ambiental que se empeña en vendernos la sustitución del agua trasvasada por desalada.
Es cierto que existen cinco sentencias del Supremo en las que se determina que en el río Tajo debe establecerse un régimen de caudales ecológicos mínimos en todas sus masas de agua. Hasta ahí vamos bien. Pero, para aclarar ideas, separemos la “paja del grano”.
La primera mentira es que en Alto Tajo no existe ese caudal ecológico mínimo. No solo existe, sino que está determinado por la propia ley 52/80 que regula el régimen de funcionamiento del propio trasvase, con un valor de 6 m3/segundo, posteriormente ratificado por la ley del Memorándum del Trasvase. Se define como “Caudal Mínimo Ambiental”, que es exactamente lo mismo que “Caudal Ecológico Mínimo”. Y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo. Por tanto, cuando la ministra Ribera afirma que las sentencias del TS obligan a fijar caudales en el Tajo, debe referirse a las zonas que no los tenían fijados, no al Alto Tajo.
La segunda mentira hace referencia a la cuantía de esos caudales. En el Alto Tajo los fija en 8,60 m3/segundo, cuando no existe ningún informe técnico ni medioambiental que fundamente ese valor. Todo lo contrario, con el actual valor de 6 m3/segundo todos los estudios confirman el buen estado de las masas de agua aguas arriba de Aranjuez. Otro tema muy distinto es como está el Tajo aguas debajo de Aranjuez cuando se junta con el caudaloso y negro río Jarama proveniente de la urbe de Madrid.
La tercera mentira es la capacidad de sustitución del agua trasvasada por desalada. Esta es la peor de todas. Ni por cantidad, ni por calidad, ni por coste económico ni por impacto ambiental, el agua desalada puede ser alternativa a la trasvasada. El agua desalada es 500% más contaminante en emisiones de CO2, sin contar el daño a costas derivado del vertido de salmuera, por mucho que los grupos ecologistas nieguen públicamente tal prejuicio. En este sentido más vale ser claro, pues todos sabemos que cuando estos activistas “roji-verdes” se ponen al servicio del poder político son capaces de comerse un sapo crudo sin rechistar. En cuanto al coste económico, frente a los 0,17 €/m3, la desalada cuesta 1,3 €/m3, y no vale el argumento de que se subvencione, pues la Unión Europea lo prohíbe taxativamente.
La cuarta gran mentira;la energía fotovoltaica como panacea para el abaratamiento del coste económico y ambiental de la desalación. El propio director general del Agua del MITECO reconoció en unas jornadas de la CEV que la energía fotovoltaica no puede tener una gran incidencia en la rebaja del coste de la desalación, no más allá del 5%. Así las cosas, cuando se dice que con la fotovoltaica se conseguirá agua desalada casi gratis, es una tremenda falta a la verdad.
El Consejo de Estado revisará hoy el plan del Tajo, con las alegaciones que piden reconsiderarlo. En un momento histórico para el futuro del agua en el Levante, en un día en el que puede vencer la hipocresía, el dogmatismo y la sinrazón, no podemos dejar que las mentiras de una ministra se conviertan en ley. No sería justo tener que encajar lo que desde arriba injustamente se nos impone ni cargar con un lastre que teñiría de negro no solo nuestra huerta, sino también el conjunto de la economía. Hoy, más que nunca, esta lucha sigue. Porque ahora somos más fuertes. Ahora somos más los que sabemos la verdad. Vayamos todos a una para hacer oír la voz del campo.
