El sector de la cereza alicantina atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia en la provincia por las graves carencias del seguro agrario. Los datos analizados por el área de Seguros de ASAJA Alicante evidencian un desplome continuado de la contratación: en apenas cinco años, de 2021 a 2026, ha experimentado una caída del 63,46%. Una tendencia que demuestra que el actual modelo de aseguramiento «está dejando fuera precisamente a quienes debería proteger, expulsándolos del sistema».
ASAJA Alicante trasladó este lunes a la Conselleria de Agricultura la urgencia de reformar la línea del seguro de la cereza. La organización denuncia que las propuestas remitidas a ENESA hace más de un año para el Plan 2026 han sido ignoradas y exige ahora a la Generalitat que las haga suyas y las defienda ante el Ministerio, ENESA y Agroseguro.
La Ley 87/1978 de Seguros Agrarios Combinados, aprobada por unanimidad como la primera ley de la democracia, concibió el seguro como un instrumento de política agraria para garantizar la continuidad de las explotaciones frente a las adversidades climáticas, no como un producto condicionado por criterios exclusivamente mercantiles.
Los datos evidencian el fracaso del modelo actual. «Cuando los agricultores dejan de asegurar no es porque haya menos riesgo, sino porque el seguro ha dejado de responder a la realidad del campo», sostiene la organización.
ASAJA Alicante afirma que “la cobertura de daños por helada y lluvias en el conjunto de la explotación es absolutamente inviable para el productor de cereza, pues la mayoría de explotaciones cultivan variedades que van desde la extratemprana hasta muy tardías para cubrir todo el periodo productivo; por lo que sería oportuno considerar los daños en el conjunto de las explotaciones de cada uno de los grupos varietales en función de sus fechas de floración y recolección”, insiste el responsable del departamento de Seguros Agrarios de la organización, Antonio Gascón.
Además, se han introducido medidas para algunas explotaciones que individualizan sus coberturas en función de los resultados de la siniestralidad de los últimos años, como consecuencia, algunas explotaciones tradicionales en la provincia de Alicante no pueden contratar los riesgos de helada y falta de cosecha por condiciones meteorológicas adversas, dejando estas explotaciones en una situación muy precaria y sin posibilidad alguna de protección frente a estos riesgos, quedando en el más absoluto desamparo.
La Comunitat Valenciana es la comunidad autónoma que más fondos destina a subvencionar la contratación de seguros agrarios, con cerca de 35 millones de euros anuales. «No puede limitarse a financiar el sistema; debe exigir que funcione», reclama ASAJA Alicante, que defiende recuperar los principios de universalidad y solidaridad con los que nació el seguro agrario y que, a su juicio, hoy han quedado desvirtuados. Todo ello, además, en un contexto especialmente crítico para la cereza alicantina, que encadena seis campañas marcadas por la sequía, las adversidades climáticas y el incremento de los costes de producción.
Riego de abandono y despoblación
ASAJA Alicante advierte de que cuando un agricultor deja de contratar el seguro porque las pólizas son inasumibles o no responden a la realidad del cultivo, deja de tener una red de seguridad frente a cualquier adversidad climática. Si justamente ese año, el agricultor de cereza sufre un siniestro, en muchos casos el siguiente paso es el abandono de la explotación, al no poder asumir unas pérdidas que hacen inviable la continuidad de la actividad.
Cada explotación que cierra acrecienta, además, el riesgo de despoblación en las comarcas de montaña del interior de Alicante, produciendo un efecto económico, paisajístico, ambiental y social. “Sin un seguro eficaz, el futuro de la cereza y de los pueblos que viven de este cultivo está seriamente comprometido», alerta la organización.
