La situación de incertidumbre en el campo provocada por la decisión de la ministra Teresa Ribera de no trasvasar agua para riego al campo de Levante durante estos últimos cinco meses; los bajos precios percibidos en el campo y el incremento de costes de suministros, así como la falta de rigor de la Unión Europea a la hora de defender nuestros productos frente a los competidores de terceros países han sido las dificultades más graves que ha tenido que afrontar el sector agrario de la provincia de Alicante en 2022.
El recorte del Trasvase Tajo-Segura ha sido el principal caballo de batalla para la agricultura alicantina, tanto es así que las comunidades se han visto obligadas a restringir el agua a sus regantes por el malestar que ha generado una planificación hidrológica poco coherente, desordenada y carente de un sólido criterio técnico, por ejemplo, por la ausencia de cualquier informe sobre las consecuencias socioeconómicas que tendrá el aumento de los caudales ecológicos, a pesar de ser exigido por el Supremo. Lo que sí es una realidad son los efectos económicos que acarrearía el recorte del caudal en su paso por Aranjuez. ASAJA-Alicante recuerda que se perderán en Alicante 5.000 empleos directos y 27.000 hectáreas de cultivo. “El sector agrario genera importantes servicios y beneficiosos para la naturaleza y apoyo a la biodiversidad, el medioambiente, el mantenimiento de la vida rural, la mejora del paisaje, proporciona alimentos básicos y promueve el desarrollo de las personas en términos de empleo y renta”. En este sentido, el presidente de la asociación, José Vicente Andreu, defiende el mantenimiento de la regulación del Trasvase Tajo-Segura, y la creación de un plan nacional y de infraestructuras hidráulicas que garantice la solidaridad entre territorios y que optimice aguas depuradas.
Otra de las malas noticias que ha recibido la huerta de la provincia en torno al agua, en este caso al Júcar-Vinalopó, ha sido que el plan hidrológico de la cuenca para el periodo 2022-2027 ha eliminado la concesión de 12 hm3 para abastecimiento humano, que ahora enviarán para el regadío de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, el Gobierno decidió el pasado mes de octubre inyectar 115 millones de euros a la agricultura de Marruecos para promover su desarrollo, dinero que se empleará en la plantación de 600.000 nuevos olivos -mientras que el olivar de la provincia de Alicante arroja unas pérdidas económicas de más del 50% respecto al año anterior-. Esto, unido a la falta de un plan exhaustivo de vigilancia fitosanitaria que impida la entrada de plagas procedentes de terceros países, coloca a nuestras frutas y verduras en una situación de desventaja a la hora de competir.
ASAJA-Alicante no entiende la falta de protección de la Unión Europea hacia la agricultura. En paralelo, también se ha conocido que la nueva propuesta de la Comisión Europea plantea prohibir el 80% de los fitosanitarios de la agricultura valenciana, lo cual golpearía aún más al sector por la falta de soluciones para combatir las plagas y enfermedades, incrementando aún más los costes de producción. Mención aparte supone la falta de reciprocidad con las importaciones y que los países terceros pueden continuar usando fitosanitarios prohibidos aquí. Este problema perjudica gravemente los cítricos de la provincia y pone en riesgo la seguridad alimentaria. Por ello, ASAJA sostiene que una de las soluciones para asegurar la supervivencia del sector citrícola consiste en poner en práctica cláusulas espejo, así como evitar la llegada masiva de cítricos de otros países que interfieren en la competitividad y rentabilidad del sector.
Por otro lado, la subida de precios en los lineales del supermercado sin unos precios justos en origen evidencian una clara especulación por parte de las grandes cadenas de alimentación e intermediarios, que buscan aprovecharse de la tendencia inflacionista. Durante este año, la organización alicantina ha observado diferenciales entre los precios en origen y en destino absolutamente desorbitados, como es el caso de la variedad Fino de limón, que en septiembre registró una variación del 1495% según datos del Observatorio de precios de ASAJA. En este sentido, cabe destacar que el BOE expone desde diciembre de 2021 que la Ley de la Cadena Alimentaria garantizará a los productores que perciban como mínimo un precio igual al coste de producción, y por ello la asociación exige su correcto funcionamiento.
Asimismo, tal y como advirtió ASAJA-Alicante a principios de este año, el plan de replantación de la Xylella ha resultado ser un auténtico fracaso, pues la mayoría de los agricultores que vieron cómo se les arrancaban sus almendros no han optado por replantar. En primer lugar, por la dificultad de tener que adelantar el dinero antes de recibir la subvención y, en segundo lugar, por el esfuerzo y trabajo que conlleva reiniciar una actividad por parte de agricultores de una franja de edad elevada por la falta de relevo general, un problema que afecta a todo el sector por su falta de rentabilidad. “La misma empresa que talaba los árboles debería haber puesto los medios para replantar, como se hizo en Mallorca”, afirma la asociación. “De ser así, el 80% de la superficie útil de la Montaña de Alicante se hubiese podido replantar”.
Por si fuera poco, este año las comarcas del norte de Alicante han sufrido un nuevo revés: el incendio de la Vall d’Ebo calcinó cerca de 3.000 hectáreas destinadas a cultivos, básicamente de olivos, cerezos y almendros, así como colmenas y pastos para el ganado, con unas pérdidas que pueden estimarse en más de 30 millones de euros si tomamos como referencia el índice de precios de la tierra que publica el Ministerio de Agricultura. Los cultivos de las comarcas afectadas requieren un mínimo de cinco años para volver a ser productivos, por lo que la catástrofe ha dejado a cientos de agricultores sin ningún tipo de rentabilidad. En este sentido, la asociación alicantina ha solicitado una renta agraria que permita garantizar unos ingresos mínimos, con el objetivo de que puedan poner en marcha la recuperación de sus cultivos de secano y evitar el abandono, hecho que provocará la despoblación en los valles de la montaña alicantina, ya gravemente golpeados por la tala indiscriminada de almendros para combatir la mencionada Xylella.
Además, ASAJA insiste en la necesidad de actuar de manera integral en la preparación de las áreas forestales, la recuperación de la agricultura tradicional y la ganadería extensiva como herramientas de protección del territorio. “Sin embargo, somos conscientes de que este uso agrícola no es rentable y que, si queremos que haga su papel de regulación del territorio, debe tener incentivos y ayudas públicas. Además, la Montaña de Alicante necesita unas líneas de financiación directas con una burocracia simplificada”, expone Andreu.
Estos problemas y otros de índole meteorológico han llevado a la provincia a registrar un quebranto económico del sector agrario (olivar, frutales, cítricos, frutos secos, arroz, uva, hortalizas, herbáceos, tubérculos) de 7.942.284 euros en 2022, y una caída de producción del 9% (de 1.324.221 toneladas en 2021 a 1.204.675 en 2022).
Cultivos
Los cereales para grano y arroz han sido el cultivo más castigado de nuestra provincia en cuanto a superficie, pasando de 6.887 en 2021 a 5.546 en 2022; con una merma del 19,5% anual. También han registrado un 34,8% menos de producción (de 21.721 a 14.166 toneladas) y una consecuente pérdida de valor económico del 31,5% en tan solo doce meses (5.410.592 a 3.705.155 euros), lo que le convierte en el segundo cultivo más castigado en términos económicos, después del olivar. Las elevadas temperaturas registradas este verano han secado antes de tiempo las plantaciones de la provincia, que ya venían muy castigadas por las lluvias de primavera. Ricardo Ferri, representante de Asaja en L’Alcoià, señala que a esta serie de calamidades se sumó una fuerte granizada que también contribuyó a reducir la cosecha.
Cabe destacar que la falta de acción de las administraciones sobre el hongo de la pyricularia y las malas hierbas que afectan al cultivo de arroz bomba de Pego ha avivado la problemática de este cultivo tan emblemático en nuestra provincia.
El olivar, por su parte, a pesar de no perder hectáreas de cultivo, cierra un año negro con un preocupante descenso de producción de más del 53% (de 44.234 toneladas en 2021 a 20.747 en 2022) y con unas pérdidas económicas del 50,8% (14.540.018 a 7.160.665 euros). La combinación de adversidades meteorológicas durante el primer semestre de este año es la causa fundamental de estos resultados. Las lluvias y humedades de la primavera, sobre todo en abril, o el pedrisco y las elevadas temperaturas de mayo han favorecido ataques virulentos de repilo, un hongo que diezma las hojas y debilita los olivos. A su vez, las heladas, frío y lluvias afectaron a la falta de floración o cuajado con la consiguiente merma de la cosecha. Posteriormente, las sucesivas olas de calor del verano intensificaron la caída al suelo de aceitunas a causa del estrés hídrico de los árboles, a lo que además se añaden las hectáreas de olivar quemadas por el incendio de agosto.
La uva de mesa también ha sido fuertemente golpeada en 2022; el cultivo no solo ha sufrido una importante caída de precios impulsada por una menor demanda. El sector inicia una campaña marcada por el encarecimiento generalizado de costes y unos precios de mercado que no son suficientes para compensarlos, lo que ha traído como consecuencia una caída de producción adscrita a la Denominación de Origen de casi seis millones de kilos, al pasar de los 41 del año pasado a solo 35,5 de la actual. En este sentido, ASAJA Alicante exige respuestas ante los elevados precios de los seguros agrarios y una mayor “implicación y respuesta de las administraciones a las amenazas que afectan al sector. Asimismo, “la aparición de numerosas fincas de uva por parte de agricultores procedentes de Murcia que vienen buscando agua podría ser una de las causas de la subida del 25,5% del total de toneladas de uva respecto al año anterior, a pesar de no ser de las variedades protegidas”, puntualiza Andreu.
El paso de la borrasca Ciril a principios de abril enterró las expectativas de corregir el mal año tras las lluvias de marzo; la ola de frío polar arrasó en una sola noche bajo cero con la mitad de la cosecha de fruta de hueso y sentenció entre el 70 y el 80% de la producción de almendra y cereza de la provincia. Antonio Gascón, responsable de Seguros Agrarios de ASAJA-Alicante, estima que la helada causó pérdidas millonarias en la agricultura alicantina. “Hay que lamentar que muchos agricultores no tienen seguro contratado”, señaló entonces el técnico de la organización. Los cultivos más afectados han sido los frutales de hueso (melocotón, cereza, albaricoque y, en menor medida, la ciruela) y el almendro en las comarcas del Alto Vinalopó, L’Alcoià, El Comtat y algunos puntos de la Marina Alta. En el cerezo, considerando que la superficie cultivada en estas comarcas suma 1.722 hectáreas con una producción estimada de 5.650 toneladas, existen muchas parcelas con daños cercanos al total de la producción. Los datos que arroja ASAJA-Alicante sobre los frutales revelan una pérdida del 18,3% de toneladas y del 14,2% del valor económico, respecto al año anterior.
En cuanto al volumen económico de los cítricos, la provincia genera más de 209 millones de euros de producción bruta. Su cultivo principal es el limón, seguido por la naranja y la mandarina. “A principios de este año, la guerra de Ucrania bloqueó los mercados y una parte muy importante de nuestros cítricos terminaron en el suelo de los bancales por no tener salida comercial”, explica el presidente de ASAJA. En la actual campaña, la producción de limón ha caído en 110.000 toneladas en la provincia, en concreto en un 50% la variedad Verna, aunque los precios se han recuperado respecto a la anterior. En definitiva, la citricultura alicantina ha experimentado una pérdida de valor económico del 8,4% en 2022. ASAJA-Alicante considera fundamental que extienda el tratamiento de frío a otros productos agrarios como el limón y la mandarina.
Asimismo, en mayo se conoció que, en los últimos diez años, la provincia de Alicante ha perdido 630 explotaciones ganaderas, lo que supone prácticamente un tercio del total, así como cerca de 50.000 cabezas de ganado, según el último censo ganadero publicado por el INE. “El encarecimiento generalizado de suministros se ha atenuado a raíz de la guerra de Ucrania”. Ahora mismo la actividad ganadera es prácticamente inviable, tanto que los pocos que exportábamos para buscar un balón de oxígeno en un sector tan castigado como el nuestro, hemos tenido que dejar de hacerlo”, manifiesta el vicepresidente de ASAJA, Juan Luis Gimeno.
Sobre la nueva PAC, ASAJA advierte que “se trata de un ataque directo a los agricultores, porque van a tener que cumplir más obligaciones medioambientales mientras que cada vez llega menos dinero desde Europa”.
Para finalizar, ASAJA-Alicante advierte sobre el incremento de peticiones de autorización para instalar plantas fotovoltaicas en terrenos agrícolas de la Vega Baja, particularmente en las mejores fincas, en zonas donde se han realizado grandes inversiones en maquinaria, modernización de regadíos, sistemas eficientes de fertilización, riego por goteo, balsas y bombeos. A pesar de que la organización no se opone, exige control, planificación y orientación de este tipo de instalaciones para evitar que esta tendencia se convierta en un nuevo boom, una especulación que, de no restringirse, en unos cinco años va a tener un impacto muy negativo en la agricultura.
