Cerramos un año complicado y convulso para el sector agrícola y ganadero, marcado por una escalada histórica de los costes de producción y una gravísima crisis de precios en origen. La energía eléctrica se ha encarecido un 270%, el gasóleo que usan los tractores y otras máquinas agrarias ha subido un 73%, los abonos (+48%), el agua (+33%), los plásticos de invernadero (+46%) o las semillas (+20%). En el apartado de la ganadería, el encarecimiento del 20% de los piensos para alimentación animal lastra la competitividad de las explotaciones.
Con todo ello, y según los datos esgrimidos del balance agrario 2021 presentado por ASAJA hace unos días, el valor económico global de la agricultura en la provincia de Alicante registra una caída del 11%, a pesar de la leve mejoría generalizada en los precios en origen percibidos por los agricultores con respecto a los dos años anteriores. Hecho que, sin embargo, no ha podido compensar los dos principales escollos que han decantado la balanza hacia la parte negativa: la desastrosa campaña del limón 2020-2021 en la Vega Baja, con unas pérdidas de alrededor de 110 millones de euros respecto al año 2019-2020; y el aumento desmesurado de los costes que hemos comentado.
Para la ganadería alicantina el 2021 iba a ser el año de la recuperación, el año de los beneficios y el año en el que los ganaderos iban a poder recuperar las pérdidas derivadas del 2020, las pérdidas producidas por la pandemia y el cierre del canal HORECA que, como hemos comentado en otras ocasiones, afectaron de forma más contundente al sector ganadero. Sin embargo, el 2021 ha sido especialmente negro, con un revés en el valor económico que va de 48,2 millones de euros en 2020 a 39,6 millones de euros en 2021, lo que supone un descenso del 18% en el valor de sus producciones, que ya venían especialmente tocadas del año COVID. Lo peor es que en los últimos cinco años el valor económico de la ganadería en la provincia ha caído un 44%.
Pero esto no es todo. Durante el 2021 también ha continuado una penalización hídrica sin precedentes para el sureste español de la mano de la modificación de las normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura por parte del Gobierno, que en julio aprobó el recorte de las cantidades transvasables automáticas en Nivel 2, de 38 hectómetros cúbicos a 27, e hizo inalcanzable el Nivel 1, por lo que ASAJA ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo. Además de querer aprobar en los nuevos Planes de Cuenca la reducción paulatina de los caudales ecológicos del Tajo, lo que supone la pena de muerte para el uso agrícola del Acueducto y por lo que recientemente esta organización ha interpuesto alegaciones a los planes de cuenca 2022-2027 del Tajo, Segura y Júcar, por entender que este aumento de los caudales supone un atropello sin precedentes para el regadío, los agricultores y el desarrollo y prosperidad de nuestras comarcas. Medio ambiente sí, pero no a costa de destrozar nuestro entramado económico, social y la vida de nuestros pueblos y entornos rurales.
No menos importante y dañinos han sido los injustos e incomprensibles acuerdos comerciales con países extracomunitarios y la falta del control en fronteras en la UE, que han puesto en jaque a nuestros citricultores y han condicionado negativamente el primer tramo de la campaña citrícola española, además del coladero de plagas que han supuesto. Motivo por el que recientemente el Frente Citrícola Valenciano viajó a Bruselas para reunirse con los comisarios y eurodiputados europeos y exigir dos condiciones en la revisión del Acuerdo con Sudáfrica: el tratamiento en frío y la no sustitución de las producciones europeas por la de países terceros.
El último estacazo del año al sector ha venido de parte Agroseguro, que ha presentado un documento de modificación del seguro de cítricos, sin el consenso del sector, que recoge una batería de recortes de coberturas y garantías para los citricultores sin precedentes en los más de 40 años del sistema de seguros agrarios. Una propuesta realizada sin práctica oposición por parte de las Administraciones Públicas con responsabilidad en este sistema, que pone de manifiesto el alejamiento cada vez mayor entre las Administraciones y Agroseguro de la realidad del sector agrario alicantino y valenciano.
Dado este difícil contexto en el que nos encontramos, además de la manifestación en Valencia del pasado 3 de diciembre, ya hay previstas movilizaciones del campo en el mes de enero y febrero, tanto en Madrid, como a nivel autonómico, provincial y comarcal y se avecina un invierno caliente en este sentido. Porque el campo y el mundo rural ya no puede ser ignorado y menospreciado por este Gobierno ni un segundo más. Porque nos encontramos ante la tesitura y la paradoja de que el Gobierno más ecologista de la historia está a punto de acabar con nuestro medio rural. Y, por ello, los agricultores y ganaderos nos hemos unido en el movimiento #SOSrural, para demostrar la necesidad de salir a la calle y plantarnos definitivamente ante los elementos y políticas que dificultan nuestra supervivencia.
Presidente de Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante
José Vicente Andreu
