Cuando hablamos de la agricultura alicantina, hablamos de una tierra fértil y de un sector que trabaja duro, a contrarreloj, para ofrecer productos frescos, de calidad y a precios justos. Sin embargo, nos encontramos con una realidad que desafía nuestra lógica: frutas y hortalizas que llegan a nuestros mercados procedentes de terceros países con normas totalmente diferentes a las de Bruselas. Y todo esto, en plena campaña de nuestra huerta, generando un impacto negativo inmediato que se traduce en el desplome de precios en origen y perdidas de rentabilidad para la producción.
La situación es más que irónica, ¡es una injusticia! En nuestra provincia sabemos lo que cuesta sacar adelante una explotación agraria haciendo frente a los crecientes problemas de sanidad vegetal y plagas, dificultades para regar, presión fiscal, incremento de costes en todos los inputs y, especialmente, la mano de obra y una enredada burocracia… Pero ¿de qué sirve todo este esfuerzo si tenemos que convivir con una competencia desleal que llega desde terceros países, con condiciones de producción mucho más laxas y precios que hacen temblar nuestra economía?
El agricultor de esta provincia pone todo su empeño y vacía sus bolsillos si hace falta para adaptarse a unas unas normativas exigentes de calidad, sostenibilidad, respeto al medio ambiente y preservar la salud de los consumidores. Frente a ello: estándares de producción, uso de productos fitosanitarios no autorizados en Europa y condiciones laborales más que precarias.
En efecto, nos invade una mercancía sin apenas requisitos y, en consecuencia, podemos encontrar en los lineales de los supermercados productos procedentes de estos países que, en ocasiones, superan los límites máximos de residuos (LMR). Y, lo peor de todo, comprometiendo la seguridad alimentaria de la sociedad.
Además, lo hacen a precios ridículamente bajos, porque las reglas con las que juegan no tienen nada que ver con las que establece la Unión Europea, generando una competencia desleal muy descarada en nuestra casa. Unos cítricos que nos llegan de Egipto, Turquía y Argentina, entre otros países, a precios irrisorios. También están afectando a otros productos de la huerta, de los que se habla menos, como la calabaza, patata, boniato, uva, cereales, aceite de oliva, tomates, pimientos…
¿De verdad, Europa no ve el perjuicio que esto está causando? ¿Cuáles son las razones que justifica la Comisión Europea para mantener este disparate? ¿Por qué nos hacemos daño nosotros mismos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo esta doble moralidad? Europa, con sus políticas comerciales nos coloca a la cola. No somos su prioridad. No se puede abrir el mercado sin exigir condiciones equitativas. No se puede permitir que nuestros agricultores, que respetan todas las normativas, compitan con productos que no siguen las mismas reglas del juego. El principio de reciprocidad, que tanto predican los tratados, debe ser una realidad, no un bonito lema en los papeles.
En esta lucha desigual y de desprotección que ha plasmado Bruselas, ahora irrumpe con fuerza la política comercial de aranceles impulsada por el presidente Trump. No estoy en absoluto de acuerdo con imponer impuestos universales y es evidente que se nos avecina un escenario complejo y pleno de incertidumbres.
Ahora deberá decidir cómo responder a esta nueva política, demostrar capacidad de negociación y firmeza, tendrá que hacer saber con acciones tangibles que nuestros agricultores y ganaderos no están solos. Para ello tiene como reto defender un mundo de libre mercado donde existan acuerdos comerciales recíprocos que beneficien a todos los involucrados en la producción de alimento. Es hora de que la UE se ponga del lado de quienes realmente hacen crecer la economía europea y dejen atrás definitivamente esa estrategia de convertir al campo en “moneda de cambio” de los acuerdos comerciales.
En los últimos años, nuestro propio continente le ha dado la espalda al sector primario, a excepción de los meses de pandemia donde si éramos esenciales, solo esperamos que, ante las amenazas y ataques de Trump, tengamos una Comisión Europea más vinculada y sensible con las soluciones que pide la agricultura y ganadería. Que el sector agrario no acabe pagando las consecuencias de la falta de firmeza y de los conflictos comerciales.
José Vicente Andreu, presidente de ASAJA Alicante
