Los regantes del trasvase Tajo-Segura van a hacer valer hasta las últimas consecuencias jurídicas su criterio de que las nuevas normas de explotación que rigen el acueducto exigen un cambio de ley estatal y, por lo tanto, de un debate y votación en el Congreso de los Diputados, además de recordarle al Ministerio para la Transición Ecológica su incumplimiento legal de las inversiones millonarias previstas como alternativas al recorte de los aportes de la cabecera del Tajo.
Son las conclusiones inmediatas que maneja el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats) días después del varapalo que ha supuesto la desestimación por parte del Tribunal Supremo del recurso que habían presentado contra el Plan Hidrológico de Cuenca del Tajo vigente y el aumento de los caudales ecológicos del Tajo.
Lucas Jiménez, presidente del Scrats, sostiene que la aplicación de los nuevos escenarios previstos para 2026 y 2027, con el aumento del caudal ecológico que exige regular mayores desembalses de las reservas de cabecera que alimentan el trasvase en las presas de Entrepeñas y Buendía, no puede hacerse solo por la vía reglamentaria.
Señala Jiménez que el propio planteamiento del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) indicaba que esas nuevas reglas de explotación exigirían modificar al alza el mínimo no trasvasable, fijado ahora en 400 hectómetros, umbral recogido en una norma con rango de ley estatal. Como consecuencia, defiende que cualquier cambio en ese punto debe pasar por el Congreso de los Diputados y obtener mayoría parlamentaria.
Recuerda el presidente del Sindicato Central que el mínimo de 400 hectómetros fue incorporado al marco legal tras el Memorándum del Tajo-Segura, aprobado en 2013, a través de una modificación legal estatal posterior en 2015. Pasó de los 240 hectómetros que figuraban en la Ley del Trasvase original de 1980, a 400. Con las nuevas reglas de explotación, según la documentación que se ha ido conociendo, se elevaría en torno a los 600 hectómetros cúbicos. Si las existencias conjuntas de ambos embalses no superan ese umbral no se podrá trasvasar caudal alguno con destino a Alicante, Murcia y Almería. En su opinión, no ocurrió lo mismo que con otros ajustes posteriores de las reglas de explotación, como fue el caso del recorte de 2021, porque no afectaba al mencionado umbral.
Los regantes estiman que las nuevas normas de explotación suponen una merma de agua trasvasable anual del 50 % respecto a los envíos anuales de media, que si en los últimos 47 han rondado la cifra de 200 hectómetros al año, pasarían a ser de algo más de 200 anuales. De ellos el 25 % se destinan a la provincia de Alicante.
Agotas las vías judiciales
El presidente del Scrats matiza, sin embargo, que se encuentran todavía en una fase de análisis de la sentencia y que ante el desconocimiento sobre las intenciones del Ministerio, continúan trabajando centrados en el recorrido jurídico que aún puede tener el asunto. Sin concretar más, sostiene que “algo queda” a la hora de recurrir más allá del recurso presentado por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, anticipando un nuevo recorrido judicial. El representante de las más de 60 comunidades beneficiarias del trasvase avanzó, sin embargo, que hay un plazo de un mes para decidir los siguientes pasos.
Sentencia
Sobre la sentencia conocida, Jiménez afirma que el Tribunal Supremo no entró a valorar el fondo de la demanda de los regantes. Según su versión, el fallo se limitó a ratificar criterios de sentencias anteriores y no ha tenido en cuenta las pruebas testificales ni los informes aportados por el sector. El Scrats mantiene que hubo errores y una planificación arbitraria por parte de la Administración central.
Insiste el presidente de los regantes en el origen político del trasvase afirmando que llegó a existir un principio de acuerdo para salvarlo y que después el Ministerio para la Transición Ecológica lo descartó. A partir de ahí, reclama que la decisión política se corrija también desde la política, acusando al Gobierno de no haber cumplido las medidas compensatorias y correctoras para mejorar el estado del Tajo, sobre todo en materia de depuración de la Comunidad de Madrid y en el caso de la cuenca del Segura con la construcción de desaladoras.
«Una mentira antológica»
El dirigente de los regantes pidió que se paralice el recorte hasta que «exista una solución para el Levante». Considera que el Ministerio no puede seguir adelante “en ningún modo” mientras no se resuelva ese escenario e indicó que antes hay que valorar agotar la vía judicial ante el propio Tribunal Supremo. «Los regantes están estudiando todas las posibilidades». Si alguna tiene recorrido la harán pública.
Jiménez también cargó contra el incumplimiento de los compromisos económicos vinculados a la planificación hidrológica. Afirma que el Ministerio ha incumplido la promesa de invertir 1.300 millones en depuración en el Tajo y otros 1.700 millones en la cuenca del Segura, sobre todo en las infraestructuras de conexión de desaladoras, plantas solares para rebajar el coste de la desalación y ampliación y construcción de nuevas desaladoras.
«Vergüenza torera»
«Pensamos que alguien debe tener vergüenza torera en el Ministerio y estar en una encrucijada» porque esos compromisos, que la sentencia del Supremo da por hechos sin haber comprobado su realidad, han quedado en “una mentira antológica». En el caso de la Cuenca del Segura apenas se han invertido algo más de cien millones en la ampliación de la desaladora de Torrevieja que comenzaría a estar operativa en octubre.
Madrid
En relación con la Comunidad de Madrid, el presidente del Scrats responde a las tesis de los municipios ribereños sobre un posible uso futuro de la cabecera del Tajo para abastecimiento. Jiménez sostiene que al Ministerio “le ha cerrado fuentes o recursos habituales” a Madrid para que sus demandas futuras puedan colgar de la cabecera. Lo califica como “una operación quirúrgica para acabar con el trasvase” y añadió que, si se abre esa lógica, «también podrían colgarse de la cabecera otros abastecimientos, como los de Cáceres o Badajoz, mientras siguen saliendo caudales hacia Portugal».
Fuente: Diario INFORMACIÓN
