La ganadería de la provincia de Alicante no levanta cabeza: pierde cerca de 9.000 animales en el último año

09/06/2025

Los altos costes de los forrajes y los piensos, unidos a la falta de relevo generacional, están propiciando un fuerte descenso de la actividad. Con estas ya son 100.000 las cabezas que se han perdido en la provincia en dos décadas

La ganadería de la provincia de Alicante continúa sin levantar cabeza. Cerca de 9.000 animales se han perdido en el último año, lo que ha situado la cifra total en 161.000. Los altos costes de los forrajes y los piensos, unidos a la falta de relevo generacional, son los factores que están propiciando este fuerte descenso de la actividad. Una caída que, ni mucho menos, ha arrancado ahora, toda vez que con estas ya son más de 100.000 las cabezas de ganado que se han perdido en las dos últimas décadas.

La cabaña ganadera de la provincia de Alicante no para de ir a menos. Así lo ponen en evidencia las cifras publicadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, según las cuales las explotaciones perdieron durante el ejercicio pasado cerca de 9.000 animales, quedándose en alrededor de 161.000. El subsector que concentró el retroceso fue el ovino, pasando de 73.800 a 64.500 cabezas. El resto experimentaron leves subidas. Este es el caso del porcino, que transitó desde 58.500 a 58.600. También registraron leves incrementos el bovino, que pasó de 9.900 a 10.300; y el caprino, que pasó de 27.200 a 27.500.

Estos nuevos retrocesos no hacen otra cosa que confirmar la complicada situación en la que se encuentra inmersa la actividad ganadera provincial desde hace mucho tiempo, hasta el punto de que en los últimos veinte años el sector ha perdido más de 100.000 animales, en una tendencia que, al menos hasta el momento, se antoja imparable.

¿Los motivos? Durante todo este tiempo han surgido factores varios que han ido minando el sector, aunque en la mayoría de los casos han tenido mucho que ver los rendimientos económicos, así como las reticencias a formar parte de una actividad que requiere de mucho sacrificio.

Haciendo referencia a los últimos años, hay una cuestión que ha tenido una incidencia en las explotaciones. Y es que, coincidiendo con el estallido de la guerra de Ucrania, se registró un fuerte incremento de los precios tanto de los forrajes como de los piensos, que muchos ganaderos no han podido soportar.

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Así lo señala Julián Huertas, propietario de una explotación de cabras en Almoradí, quien señala que, pese a que la situación ha mejorado en este aspecto, continúa siendo un problema. Según sus palabras, «la rentabilidad no es la adecuada, y los precios del cabrito, por ejemplo, continúan por debajo de los del cordero, lo cual es algo que no se acaba de entender».

Huertas critica que los ganaderos no puedan fijar sus propios precios. «La bolsa sube y sube y nadie dice que tenga que tener un tope. Sin embargo, en nuestro caso sí se puede. Además, la cadena alimentaria funciona fatal, porque hay demasiados intermediarios que se llevan lo que tendría que repercutir en los que nos dedicamos a la producción. Así, desde luego, resulta todo muy complicado», enfatiza.

Para el ganadero también hay otro asunto que supone una traba para el sector, como son las normas sanitarias que se imponen desde la Unión Europea (UE). «No tienen sentido, porque se toman desde un despacho desde el desconocimiento de lo que es la realidad. En el campo las cosas son muy distintas», asevera.

Pero siendo dañinas todas estas cuestiones, Julián Huertas pone el énfasis, sobre todo, en la falta de relevo generacional. «Este trabajo -explica- es muy esclavo, porque tienes que trabajar todos los días del año. El resultado es que no hay nadie, y menos los jóvenes, que quieran meterse en esto». Y ese factor ha sido decisivo para que, añade, de los 4.000 animales que tenía hace apenas tres años haya pasado a tener la mitad. «No hay mano de obra, y así es imposible contar con una explotación de estas dimensiones», lamenta.

En parecidos términos se expresa Juan Luis Gimeno, responsable de la sectorial de Asaja en Alicante y dueño también de una explotación caprina, en este caso en Monóvar. Según señala, «este es un trabajo muy sacrificado en el que no hay fines de semana, por lo que la gente joven prefiere otras cosas». La consecuencia, apunta, es que «la inmensa mayor parte de los que se dedican a esto son mayores, y cuando se jubilan no tienen otro remedio que cerrar, porque no hay quien se quiera hacer cargo del negocio».

Por lo demás, hay cuestiones, reconoce, que están mejorando, empezando por el precio de los forrajes y piensos. «Las lluvias han propiciado que los cultivos de cereales vayan a tener buenas cosechas, por lo que ya no tendremos tantos problemas con la alimentación de los animales». Otra cosa es lo que sucedió el año pasado, cuando se produjo la baja de 9.000 cabezas de ganado, «dado que, debido a la sequía, los precios eran muy elevados y no se podía salir a pasturar al no haber hierba en el campo». Fue algo que afectó, principalmente, a las explotaciones de ganado ovino.

También la relación con las Administraciones ha cambiado, en opinión de Gimeno, porque, explica, «ya no ponen tantas pegas, tampoco con las inspecciones. Antes nos sentíamos como unos delincuentes, y ahora vienen más en plan informativo. Además, se concedieron ayudas a la sequía». En lo que todavía hay margen de mejora, señala, es en la burocracia. «No puede ser que haya que hacer 400.000 papeles para montar una granja», se queja.

Impuestos

Estas son las cosas en las que, según Gimeno, se progresa adecuadamente. Sin embargo, hay otras que continúan suponiendo un lastre para el sector. Empezando, destaca, por los impuestos. «Se pasan un montón, y suponen la mitad del sueldo de un empleado. Eso está frenando las posibles ampliaciones de los negocios que se pudiesen planificar», concluye.

Un mal momento por el que atraviesa el sector, hasta el punto de que ya hace tiempo que se viene reclamando ayudas para los productores y el establecimiento de un sistema efectivo de elaboración de costes de producción de referencia para los contratos agroalimentarios obligatorios establecidos por la ley de la cadena alimentaria. A ello, se suma lo complicado de los trámites burocráticos para acceder a las ayudas de la PAC y las escasas contraprestaciones obtenidas a cambio.

FUENTE: INFORMACIÓN, autor: M. Vilaplana.

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