Un acuerdo aprobado sin garantizar la reciprocidad. La asociación agraria expresa su honda preocupación tras conocerse que una mayoría cualificada de Estados miembros de la Unión Europea ha aprobado en el COREPER II la firma del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, abriendo la puerta a que la Comisión Europea lo rubrique oficialmente la próxima semana.
Según la información disponible, Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría han votado en contra del acuerdo, mientras que Bélgica se ha abstenido. El resto de países, entre ellos España, han respaldado la decisión. De acuerdo con el procedimiento escrito, las delegaciones nacionales disponen hasta las 17:00 horas de hoy para formular posibles objeciones, aunque el resultado global no variaría sustancialmente.
Desde ASAJA se subraya que, además de la aprobación para la firma, el COREPER II ha dado luz verde a la reducción del umbral de activación de las salvaguardias agrícolas hasta el 5%, una decisión que debilita de forma notable la capacidad de reacción ante un aumento de las importaciones procedentes de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.
Asimismo, está previsto que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viaje la próxima semana a Paraguay para proceder a la firma del acuerdo.
“No estamos en contra del comercio, sino de acuerdos sin reciprocidad”
Si en Europa se nos exige cumplir normas muy estrictas en sanidad, sostenibilidad, bienestar animal o uso de fitosanitarios, esas mismas exigencias deben aplicarse a los productos que llegan de fuera. Si no, estamos ante una competencia claramente desleal. ASAJA advierte de que el acuerdo permite la entrada en el mercado europeo de productos elaborados con sustancias prohibidas en la UE, como determinados fitosanitarios o carne producida con hormonas de crecimiento, cuya trazabilidad y control no están plenamente garantizados, tal y como reconocen incluso las propias autoridades comunitarias.
“Se está permitiendo que productos con reglas distintas lleguen al mismo consumidor, lo que perjudica a agricultores y ganaderos europeos y también a los consumidores”, ha añadido Barato.
Un riesgo para el modelo agrario europeo
La organización considera que esta decisión pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones, especialmente en sectores sensibles como la carne de vacuno, el azúcar, la remolacha, los cítricos o la ganadería extensiva. ASAJA recuerda además que incluso los sectores que podrían verse beneficiados, como el aceite de oliva o el vino, no podrán aprovechar el acuerdo a corto plazo, debido a largos periodos transitorios antes de la plena liberalización.
La reducción del umbral de activación de las salvaguardias hasta el 5% supone un avance técnico positivo, ya que permitiría intervenir antes ante una caída de precios o una distorsión del mercado provocada por un aumento de las importaciones. No obstante, ASAJA advierte de que este mecanismo solo será eficaz si se aplica de forma automática, ágil y con controles reales en frontera, y recuerda que las salvaguardias, por sí solas, no compensan un acuerdo comercial que sigue careciendo de reciprocidad en las normas de producción.
ASAJA recuerda además que, según datos de la propia Comisión Europea, actualmente solo se controla en frontera el 0,0082% de los productos agroalimentarios que entran en la Unión Europea, lo que pone en duda la eficacia real de las salvaguardias si no se refuerzan de manera inmediata y sustancial los sistemas de inspección y control. Sin controles efectivos, cualquier mecanismo de protección queda vacío de contenido.
La ratificación del Parlamento Europeo, clave
ASAJA recuerda que, pese al visto bueno del Consejo, el acuerdo aún debe ser ratificado por el Parlamento Europeo, una fase decisiva en la que la organización intensificará su labor de interlocución y presión política.
La organización seguirá defendiendo en todas las instancias un modelo agrario europeo basado en la calidad, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la igualdad de condiciones, fundamentales para garantizar el futuro del medio rural y la alimentación de los ciudadanos europeos.
La OPA pide garantías reales para la agricultura europea ante el nuevo Marco Financiero Plurianual. Coincidiendo con la reunión extraordinaria de ministros de Agricultura de la Unión Europea, ASAJA exige al Gobierno de España una posición firme contra el Acuerdo UE-Mercosur en su forma actual y reclama garantías reales para la agricultura y la ganadería europeas ante la modificación del Marco Financiero Plurianual post-2027. La organización advierte de que el acuerdo amenaza la viabilidad de miles de explotaciones y perjudica también a los consumidores, al permitir la entrada de alimentos con estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad inferiores a los exigidos en la UE.
La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) ha reclamado hoy al Gobierno de España una posición clara y firme de oposición al Acuerdo UE–Mercosur en su forma actual, coincidiendo con la reunión extraordinaria de ministros de Agricultura de la Unión Europea, en la que la Comisión presentará una propuesta de modificación del Marco Financiero Plurianual (MFP) post-2027.
ASAJA ha trasladado esta posición en una carta dirigida al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la que advierte del grave impacto que el acuerdo tendría sobre sectores especialmente sensibles como la carne de vacuno, las aves, el azúcar, el etanol, los cítricos, el arroz, la miel o el maíz, y de la falta de reciprocidad en las normas sanitarias, medioambientales y de trazabilidad exigidas a las producciones importadas frente a las europeas.
El acuerdo, tal y como está planteado, pone en riesgo la viabilidad económica de miles de explotaciones agrarias y ganaderas, en un contexto ya marcado por el aumento de costes, la presión regulatoria y la inestabilidad de los mercados. La organización considera además claramente insuficiente el reglamento de salvaguardias propuesto por la Comisión Europea, al no permitir una actuación preventiva ni automática ante perturbaciones del mercado.
ASAJA alerta de que el Acuerdo UE-Mercosur no solo perjudica a agricultores y ganaderos europeos, sino también a los consumidores, al abrir la puerta a alimentos producidos con estándares de calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad inferiores a los exigidos en la Unión Europea. La reciente decisión del Gobierno francés de prohibir determinadas sustancias fitosanitarias en frutas importadas de Sudamérica confirma la preocupación creciente por la falta de reciprocidad. Por todo ello la organización reclama al Gobierno de España que no utilice compensaciones presupuestarias para justificar Mercosur y defienda una política agraria y comercial coherente, que proteja la producción europea, garantice alimentos seguros y de calidad y preserve el futuro del medio rural.
La nueva propuesta presupuestaria: avances con riesgos
En paralelo, ASAJA ha analizado la propuesta que la Comisión Europea presentará hoy a los ministros de Agricultura, que contempla:
- Un incremento potencial de 45.000 millones de euros para agricultura, mediante el adelanto de márgenes presupuestarios del futuro MFP.
- La apertura de 48.700 millones de euros del Fondo Rural para medidas agrícolas.
- Dos medidas adicionales relativas a fertilizantes (CBAM o antidumping) y a la reciprocidad comercial frente a terceros países.
ASAJA advierte de que estos fondos serían de carácter voluntario para los Estados miembros, lo que introduce un riesgo real de desigualdad y fragmentación del mercado único, si algunos países no los solicitan o los aplican de forma desigual. Por ello, la organización exige que cualquier refuerzo presupuestario para la PAC sea obligatorio, exclusivo para la agricultura y con un marco de rendimiento propio, que tenga en cuenta indicadores socioeconómicos y no únicamente ambientales.
Las respuestas de la UE tras la movilización agraria siguen siendo insuficientes
Tras la movilización de 10.000 agricultores de los 27 Estados miembros de la UE el 18 de diciembre de 2025, los ministros de Agricultura de la Unión Europea celebraron una sesión extraordinaria junto a los comisarios Hansen, Šefčovič y Várhelyi, y el ministro Panayiotou, presidente del Consejo. El encuentro tenía como objetivo abordar los retos urgentes del sector agrario, que atraviesa un momento crítico.
Copa Cogeca considera que las propuestas planteadas no están a la altura de la gravedad ni de la urgencia de los problemas que afrontan agricultores y cooperativas sobre el terreno.
En relación con la PAC post-2027, las medidas debatidas no garantizan una política común fuerte ni una estructura coherente. Al contrario, refuerzan las desigualdades entre Estados miembros, debilitan el mercado único y mantienen la PAC integrada en un Fondo Único, poniendo en riesgo los ingresos agrarios y los objetivos recogidos en el Tratado de la UE.
En materia de comercio y reciprocidad, aunque se valora la voluntad de mejorar los controles fronterizos, las propuestas solo atenúan parcialmente los riesgos derivados de acuerdos comerciales que amenazan las normas de producción europeas. Copa y Cogeca reiteran su rechazo al acuerdo con Mercosur, al considerar que compromete la competitividad, la equidad y la resiliencia del modelo agrario europeo.
Respecto a los fertilizantes, el incremento de hasta un 20% en los costes asociado al Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) supone una presión insostenible para el sector. No posponer su aplicación a los fertilizantes agrava una situación ya crítica, pese a que la supresión de algunos aranceles NMF se considera un avance claramente insuficiente.
En cuanto a simplificación normativa y seguridad jurídica, se valora positivamente la disposición a analizar el impacto acumulado de la legislación medioambiental y a consultar a los agricultores, pero se insiste en que la simplificación debe traducirse en resultados reales, aplicables y efectivos, capaces de desbloquear inversiones y actividad productiva.
Copa y Cogeca subraya que los agricultores europeos necesitan decisiones claras, estructurales y duraderas, no medidas parciales. El futuro de la agricultura europea y la seguridad alimentaria de 450 millones de ciudadanos dependen de un sector fuerte, competitivo y respaldado por políticas coherentes.
