ASAJA-Alicante critica que la nueva PAC 2023 “no apuesta por la productividad ni mejora de la calidad de nuestros productos, e implicará una reducción de la capacidad productiva de nuestros campos, hecho que afectará directamente al consumidor”.
ASAJA-Alicante advierte que la reforma de la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC), que ha entrado en vigor el pasado 1 de enero, reduce en un 50% el importe destinado a garantizar las rentas de agricultores y ganaderos, a la vez que se concibe como la más ambiciosa desde el punto de vista ambiental hasta la fecha. “Esta PAC no apuesta por la productividad ni mejora de la calidad de nuestros productos, y sus ilógicos requisitos medioambientales y digitales dejarán fuera a cientos de agricultores alicantinos por no poder cumplir las nuevas obligaciones y dificultar la burocracia”. En este sentido, la organización agraria sostiene que “se trata de un ataque directo a los trabajadores del campo mientras que cada vez llega menos dinero desde Europa”.
En 1962 se creó la Política Agraria Común para apoyar a un sector que lucha por mejorar su rentabilidad y que a su vez necesita trabajar cada vez más de forma sostenible, hecho que supone un esfuerzo añadido para los agricultores. “Lo que no tiene sentido es que en el año de la guerra de Ucrania -con su consecuente incremento en los insumos-, de la inflación, de la amenaza de finiquitar el trasvase Tajo-Segura, nos impongan una PAC que nos deja aún más desprotegidos frente a países terceros porque, entre otras cosas, nos exigen una reducción de más de la mitad de los productos fitosanitarios y nos imponen trabas en el uso de fertilizantes”, apunta el presidente de ASAJA-Alicante, José Vicente Andreu. Asimismo, indica que las nuevas exigencias van en una dirección opuesta al principio de reciprocidad a la hora de competir en igualdad de condiciones y garantizar la seguridad fitosanitaria, por lo que se comprometerá aún más la seguridad alimentaria de los ciudadanos, a la vez que se espera una “menor productividad de las cosechas, lo que podría afectar al precio de nuestras frutas y hortalizas, y por consecuencia al consumo”.
“Con esta nueva PAC, muchos agricultores alicantinos se quedarán fuera, sobre todo por el requisito de que los agricultores estén dados de alta como autónomos en el régimen agrario, cuando en nuestra provincia predominan los minifundios, el agricultor a tiempo parcial y los autónomos en el régimen general porque se dedican a otras actividades”, explica el economista y profesor universitario Lorenzo Chinchilla, técnico de la asociación agraria alicantina.
El experto añade que los agricultores deberán acogerse a los eco regímenes a pesar de ser de voluntario cumplimiento, porque si no se llevan a cabo el beneficiario perderá de entrada ese casi 25% del importe de sus ayudas tras la eliminación del pago verde. En este sentido, cabe destacar que la aplicación de estos regímenes supondrá más gastos en la explotación y es muy probable que un menor rendimiento de los cultivos, con un recorte de los ingresos diferentes a las ayudas de la PAC. Estos regímenes voluntarios incluyen prácticas de pastoreo extensivo en superficies de pastos, rotaciones de cultivos y siembra directa
(en las tierras de cultivo) y cubiertas vegetales o inertes en los cultivos leñosos, así como siega sostenible de los pastos.
Otro de los asuntos controvertidos es la prohibición de la corta y poda de los árboles y setos entre los meses de marzo y agosto determinado por el RD 1049 de Condicionalidad publicado a finales de diciembre de 2022 para la nueva PAC, “que directamente perjudica al cítrico y al olivar, dos cultivos emblemáticos en la provincia de Alicante”, según ASAJA. Sin duda, se trata de un nuevo revés para el cultivo del olivar alicantino, después de que en noviembre la UE firmara un convenio con Marruecos por el que Bruselas traspasaría 115 millones de euros para que el país norteafricano plante, entre otros árboles, 600.000 nuevos olivos, y tras registrar un año negro con un preocupante descenso de producción de más del 53% (de 44.234 toneladas en 2021 a 20.747 en 2022) y unas pérdidas económicas del 50,8% (14.540.018 7.160.665 euros).
Además, esta nueva PAC establece que todos los agricultores y ganaderos lleven un cuaderno digital donde apuntar las operaciones y tratamientos fitosanitarios cada 15 días, para lo que necesitarán contar con tecnologías más avanzadas o con un apoyo continuo de gestores que puedan dedicarse a tal fin.
Por todas estas razones, ASAJA-Alicante ha decidido aumentar la periodicidad de las jornadas agrarias informativas que realiza habitualmente en diferentes municipios de la provincia, para acercar la actualidad del sector a sus asociados, y particularmente trasladar el más preciso asesoramiento frente a los grandes cambios que plantea la nueva PAC. Las próximas tendrán lugar en Planes (24 de enero), Villena (2 de febrero) y La Algueña (7 de febrero).
