Esta semana, el presidente del Consell anunciaba la inminente creación de la «Mesa del Agua de la Comunitat Valenciana”, en un guiño dirigido a los actores políticos, agentes sociales y económicos de las tres provincias que conforman la comunidad autónoma con el objeto de proceder con unidad y contundencia por la prosperidad de todos los valencianos.
En pocas palabras, la puesta en marcha de este organismo es una invitación a pelear con uñas y dientes no solo por los problemas que castigan a nuestra provincia, sino también a las demás, asumiendo los de Castellón, Valencia o Alicante como propios. Sin duda, una excelente noticia que reposa sobre el principio básico de la tan necesaria solidaridad.
Tanto la cerámica castellonense como el puerto de Valencia y su ampliación deben encontrar respuesta. No es poca broma que mil millones de euros de inversión privada posicionarían a nuestra Comunidad a la cabeza del comercio marítimo, y oportunidades como esta no se deben dejar escapar. Mirar hacia nuestras provincias hermanas y su porvenir no nos resulta ajeno a los alicantinos, quienes llevamos décadas luchando por el agua como recurso esencial para la economía de todo el Levante español. Lo que nos produce cierta tristeza es que hayan tenido que pasar tantos años para que se plantee cogernos de la mano en aras de buscar soluciones conjuntas que actualmente lastran nuestro presente y condicionan nuestro futuro.
En la provincia de Alicante tenemos un caballo de batalla que a nuestro juicio ha sido desoído por nuestras compañeras Valencia y Castellón. Y no se trata de pedir más agua, se trata y se ha tratado durante muchos años de que no nos quitasen lo que por derecho hemos tenido. Y hablo no solo del Trasvase Tajo-Segura, sino también del Júcar-Vinalopó y los pozos de Villena. Por la ley 52/1980, a los alicantinos se nos otorgó el derecho de uso de 125 hm3 al año para riego. Y así fue, en mayor o menor medida y en función de las reservas, hasta 2014, año en el que la ley del Memorándum nos redujo el aporte a la mitad, a 62,5 hm3. Pero el tema no acabó ahí. En enero de 2023 un nuevo hachazo en forma de caudal «ideológico» nos arrebató la mitad de lo que nos quedaba, limitándolo tan solo a 31,5 hm3, y todo ello con una postura conformista del Gobierno de la Generalitat, el de todos los valencianos, así como de otras organizaciones agrarias de ámbito autonómico que optaron por ponerse de perfil. La triste realidad es que nos han quitado nuestro recurso básico de vida, y la sociedad valenciana en su conjunto ha permanecido pasiva, como cuando le roban a tu vecino y a ti te da igual.
Algo parecido, si no peor, ha pasado con el Júcar-Vinalopó; se aprobó un trasvase para regar y beber de 80 hm3 desde el embalse de Cortes de Pallás, ubicado dentro de la Comunidad. No tener que lidiar con otros territorios sonaba muy alentador… ¡estamos hablando de nuestra casa, la de todos! Pues bien, se iniciaron las obras y estando casi terminadas se cambió el proyecto por una toma en Cullera, en el Azud de la Marquesa, lo que en la práctica hizo que el trasvase fuese inviable desde el punto de vista económico, por el sobrecoste de ejecución y de explotación que implica, y por la peor calidad del agua que la hace no apta para el consumo humano. Y, para mayor agravio, los “sabios” políticos del Ministerio de Transición Ecológica quieren hacer pagar a los agricultores alicantinos sus barrabasadas en forma de recuperación de costes de la inversión vía amortización en el precio del agua. Ejemplo de ello son inversiones inoperantes como el embalse de San Diego, que pierde tanta agua como en él entra, y sin que nadie pida responsabilidades por semejante incoherencia.
Pero para mayor ultraje hacia los alicantinos, el del cierre y clausura de los pozos de Villena, que obliga a los agricultores a aceptar un convenio de explotación del Júcar-Vinalopó y que empujará a muchos de ellos a cerrar sus explotaciones. Lo que en lenguaje coloquial se dice «las lentejas, o las tomas o las dejas» acabaron por no ser ni siquiera lentejas para el Alto Vinalopó.
Sin embargo, ahora se aplaude la inminente aprobación de un convenio por el que nos va a llegar la cuarta parte de los 80 hm3 iniciales y al doble de precio de lo inicialmente previsto con la toma de Cortes de Pallás. Por tanto, para ASAJA Alicante, poco o nada que celebrar, si tenemos en cuenta que han decretado el cierre de los pozos antes de estar operativo el trasvase y que solo nos va a tocar un minúsculo trozo del pastel que se nos prometió. El presidente de la Generalitat debe saber que el problema del Júcar-Vinalopó no se puede cerrar en falso ni se puede dar por solucionado. Y ya que estamos empezando a hablar con rigurosidad, ha llegado el momento de reclamar la doble toma y el volumen inicialmente adjudicado. Es de justicia para todos.
El principio de solidaridad es imprescindible para mantener a un pueblo fuerte y unido. Pero para hablar de lo que el concepto engloba, hagamos memoria histórica, enmendemos los errores del pasado y acabemos con la impasividad de algunos en el presente. Nos quejamos de Castilla La Mancha porque no nos mandan agua, pero tampoco sabemos predicar con el ejemplo cuando esta debería estar fluyendo desde hace años por las tierras de todos los valencianos. Se trata de garantizar la seguridad hídrica entre provincias que pertenecen a una misma región. Por todo ello sí, hagamos más Comunitat, pero hagámoslo todos.
