Septiembre y el inicio del curso agrícola han empezado de forma convulsa para los agricultores. Unos profesionales que, a pesar de los duros momentos vividos por la pandemia y como esenciales que son, han estado a la altura y han cumplido lealmente con la sociedad, garantizando el suministro de alimentos básicos en un año de máxima dificultad. Y es que, a la lista de problemas que ya teníamos: el momento de gran incertidumbre por la crisis sanitaria que aún hoy padecemos; los recortes continuos al Trasvase Tajo-Segura que cada mes propina la ministra para Transición Ecológica; la incesante entrada de productos de terceros países; las mayores exigencias medioambientales por parte de la UE; un incremento de los costes de producción como consecuencia de la subida de precios de luz, carburantes, abonos, fertilizantes… mientras los precios en origen siguen siendo bajos o muy bajos para muchos cultivos… se nos une la última estocada por parte de un Gobierno que no nos propina puntada sin hilo: la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La gota que ha colmado el vaso.
Una subida que se ha llevado a cabo de forma unilateral, eso sí, con la complicidad de los sindicatos, y sin contar con el consenso necesario de los que realmente proporcionan el empleo en nuestro país, los empresarios. Una subida que lleva aparejado un crecimiento encadenado de los costes de cotización a la Seguridad Social, así como de los costes indemnizatorios. Una subida cuyo recorrido no termina aquí, pues ya se está trabajando en una de mucho más recorrido para los próximos dos años. Todo ello, cuando las mutuas ya nos informan de que partir de este 1 de octubre se incrementará en un 20% el valor económico de las sanciones por motivos laborales, y, además, corre el rumor de que está a punto de aprobarse una reforma de la contratación temporal que va a penalizar gravemente a los empresarios agrarios, obligándoles a que prácticamente toda su contratación sea indefinida, lo que incrementará los costes extintivos notablemente.
Por su puesto, que vaya por delante que desde ASAJA siempre hemos defendido el diálogo social y hemos trabajado en la búsqueda de consensos y la negociación colectiva. Apoyamos la evolución hacia una mejora de las condiciones salariales de los trabajadores del campo, pero lo que no puede ser es que esta subida vuelva a recaer íntegramente en el eslabón más débil: el productor, para el que, en la coyuntura actual, es absolutamente inasumible, pues llega en un momento de grave crisis de rentabilidad debida fundamentalmente a los bajos precios en origen y a los altos y crecientes costes de producción, y en un momento en el que la aplicación de la nueva reforma de la PAC traerá aparejados importantes recortes en las ayudas que reciben los profesionales de la agricultura.
¿Cómo pretende este Gobierno que sin rentabilidad paguemos salarios más altos? Consideramos que una subida del SMI debe ir vinculada inexorablemente de las reformas legales pertinentes que obliguen a la Gran Distribución a pagar precios por encima de los costes de producción, garantizando la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Por ello, entendemos que esta reforma del salario mínimo debiera ir aparejada de una trazabilidad y de unas reformas legales que impidan la venta a pérdidas, que exijan precios justos, con medidas de apoyo al sector, como son los incentivos fiscales a la contratación, fórmulas de apoyo financiero directo que cubran el incremento de los costes laborales asociados a la subida del Salario Mínimo Interprofesional o cuotas para los autónomos más bajas, porque no debemos olvidar que desde el 1 de junio se ha estado incrementando la cuota de autónomos, congelada por motivos de la crisis sanitaria. Un escándalo que no tiene nombre.
Chocamos una vez más contra el muro rígido e infranqueable que es este Gobierno, el cual no deja de alardear sobre propugnar el dialogo social y el consenso, pero toma decisiones de forma unilateral, a espaldas de los agentes implicados, como quitarnos el agua del Tajo-Segura cada mes en pleno inicio de la temporada de las frutas y verduras de otoño-invierno, o subir el SMI cuando estamos vendiendo por debajo de costes.
Lejos de unas mejores condiciones laborales, lo que implicará esta subida del SMI es poner en peligro la viabilidad de muchas explotaciones; destruir empleo en el sector; reducir las oportunidades y, por supuesto, repercutir en el coste final. Es más que probable que en los próximos meses se produzca una importante subida de los productos del campo para los consumidores, pero no para los agricultores. Toda la cadena de distribución aplicará su incremento de costes, todos, menos lo agricultores, que no podrán repercutir dichos incrementos, pues a ellos los precios le vienen impuestos por los más fuertes…
Por supuesto, aumentará el riesgo de abandono de aquellos cultivos con mayor necesidad de mano de obra (viña, olivar, hortícolas, frutales…), conduciéndonos a una destrucción del tejido productivo en las zonas rurales, de interior o montaña, aquejados ya seriamente por el despoblamiento y el abandono.
Jose Vicente Andreu
Presidente de ASAJA Alicante – Jóvenes Agricultores
