Resumen del 26 de abril al 3 de mayo de 2024.
- La Consellería de Agricultura convoca las ayudas de intervención en el sector apícola para 2024.
- El Ministerio de Agricultura abre información pública de la modificación del real decreto sobre la condicionalidad reforzada de la PAC.
- Se pone en marcha en la Comunidad Valenciana un proyecto piloto para la retirada de envases de productos fitosanitarios.
1. La Consellería de Agricultura convoca las ayudas de intervención en el sector apícola para 2024.
La Consellería de Agricultura convoca las ayudas de intervención en el sector apícola para el ejercicio 2024 en la Comunidad Valenciana, a través de la intervención sectorial prevista en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC).
El plazo de presentación será de 20 días hábiles y se ha destinado un presupuesto total de 1,86 millones de euros, lo que supone un incremento del 16,5 % de los fondos respecto del año 2023, al haberse incorporado los remanentes de la campaña anterior.
Con esta ayuda, los apicultores y las agrupaciones de apicultores podrán realizar, entre otras, inversiones en activos materiales e inmateriales destinadas a luchar contra varroosis, repoblar las colmenas, y acciones de asesoramiento técnico, contratación de personal, cursos de formación, divulgación técnica, promoción, comunicación y comercialización dirigidas a sensibilizar a los consumidores sobre la calidad de los productos apícolas.
Está previsto que estas ayudas las perciban más de 200 apicultores, que deberán justificar sus gastos antes del 31 de julio de 2024 mediante la aportación de la documentación exigida en la convocatoria de las ayudas. Está previsto que el plazo de pago de la ayuda concluya el 15 de octubre de 2024.
2. El Ministerio de Agricultura abre información pública de la modificación del real decreto sobre la condicionalidad reforzada de la PAC.
El Ministerio de Agricultura abre el trámite de audiencia e información pública del proyecto de modificación del Real Decreto 1049/2022 relativo a la aplicación de la condicionalidad reforzada y condicionalidad social de la Política Agraria Común (PAC).
El proyecto de real decreto que se somete a audiencia pública concreta las propuestas relativas a la simplificación y flexibilización de la condicionalidad de la PAC, que forman parte del conjunto de 43 medidas comprometidas por el Gobierno para dar respuesta a las preocupaciones manifestadas por agricultores y ganaderos.
En concreto, el proyecto de real decreto modifica el alcance de cuatro Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales de la tierra (BCAM) y flexibiliza la aplicación de controles y penalizaciones en materia de condicionalidad.
En relación con la BCAM 5 (Gestión de la labranza) se añaden nuevas excepciones para su cumplimiento en las parcelas de menor tamaño, así como para determinados cultivos leñosos ya implantados, que serán de aplicación a partir de la solicitud única de la PAC de 2025.
En la BCAM 6 (Cobertura mínima del suelo), el proyecto de real decreto contempla que se pueda llevar a cabo la práctica del abonado en verde y que sobre los rastrojos de los cultivos herbáceos se puedan realizar labores poco profundas. Además, se permite hacer uso de las cubiertas inertes en el caso de las plantaciones de cultivos leñosos implantadas en parcelas con una pendiente superior al 10 %. Estas flexibilidades serán de aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2024.
Asimismo, se contempla como alternativa a las actuales obligaciones sobre la rotación de cultivos (BCAM 7) que los agricultores puedan realizar únicamente una diversificación anual de los mismos en su explotación. Esta alternativa podrá ser ya tenida en cuenta de cara a la solicitud única de este año, cuyo plazo de presentación se ha ampliado hasta el 31 de mayo.
La obligatoriedad de destinar un porcentaje de la superficie de la explotación a superficies o elementos no productivos a la que se refiere la primera obligación de la BCAM 8 se elimina, de forma que aquellos agricultores que así lo decidan, puedan cultivar estas superficies. Esta medida también será de aplicación en la campaña de 2024.
El proyecto de real decreto recoge además que, en materia de condicionalidad reforzada, todos aquellos beneficiarios de ayudas cuya explotación sea igual o inferior a 10 hectáreas de superficie agraria declarada, quedarán exentos de los controles, así como de las penalizaciones. Esta modificación será de aplicación ya también en este año.
La audiencia pública permanecerá abierta hasta el 7 de mayo de 2024.
3. Se pone en marcha en la Comunidad Valenciana un proyecto piloto para la retirada de envases de productos fitosanitarios.
Un total de 130 cooperativas agrícolas de las tres provincias de la Comunidad Valenciana participan en un proyecto piloto de retirada de envases con restos fitosanitarios cancelados y fuera de uso.
Este proyecto tiene por objeto ayudar a los agricultores a eliminar de manera segura y gratuita los envases de productos fitosanitarios con residuos presentes en las explotaciones agrarias, con la finalidad de evitar situaciones de riesgo, tanto para el entorno como para la salud pública.
La Consellería de Agricultura, Ganadería y Pesca participa en la puesta en marcha de este proyecto mediante una aportación económica de 130.000 euros, a través del convenio de colaboración suscrito con Cooperativas Agro-Agroalimentarias de la Comunidad Valenciana.
La ayuda económica que presta la Consellería va a permitir la retirada de una gran cantidad de productos que los agricultores ya no pueden utilizar en sus explotaciones después de haber sido retirada la autorización de las materias activas que los componen.
Esta iniciativa contempla el diseño de la logística para la recogida de los productos fitosanitarios, así como los protocolos de actuación para su retirada y posterior entrega, de manera segura, a centros autorizados para su tratamiento, debido a la dificultad que tienen los agricultores para deshacerse de estos sobrantes que ya no pueden emplear y que además les provoca un sobrecoste.
Por ello, disponer de un servicio de recogida gratuita representa un avance funcional y económico importante, ya que se evitan vertidos incontrolados o el almacenaje indebido de productos que pueden ocasionar un daño medioambiental o sanitario, y que pueden ser objeto de sanción para los agricultores debido a las inspecciones de higiene que se llevan a cabo en la producción primaria.
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