El Gobierno ha aprobado el Real Decreto 1051/2022 sobre nutrición sostenible de los suelos agrarios, una norma pactada con UPA y Unión de Uniones que, según ASAJA, desoye las reivindicaciones del sector y supone una nueva carga burocrática para agricultores y ganaderos.
El Real Decreto, publicado en el BOE, matiza las obligaciones sobre nutrición sostenible de los suelos agrarios: establece que hay que contar con un plan de abonado a partir del 1 de enero de 2026 para las explotaciones en regadío cuyos cultivos se siembren o planten entre el 1 de marzo y el 30 de junio, y desde el 1 de septiembre de 2026 para el resto.
Además, el registro mensual de todas las labores de fertilización en el cuaderno de explotación, ya sea en papel o en formato digital, también será obligatorio desde el 1 de enero de 2026, con una serie de excepciones contempladas en la norma.
El asesoramiento técnico obligatorio en materia de fertilización será exigible un año después de esas fechas en las unidades de producción situadas en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, y dos años más tarde en el resto de zonas.
Asimismo, se modifican los requisitos relativos a la aplicación de estiércoles en determinadas zonas donde no es posible realizarla de forma localizada, salvo en parcelas de menos de una hectárea que no sean colindantes con otros recintos de la misma explotación. También se precisan los criterios sobre el cómputo de los pastos comunales en la superficie total de las explotaciones.
ASAJA lamenta que el Ministerio de Agricultura haya ignorado las propuestas de simplificación planteadas por la organización, entre ellas la de excluir de estas obligaciones a las explotaciones de regadío de hasta 15 hectáreas y a las de secano de hasta 30 hectáreas.
La organización agraria expresa además su preocupación por que esta norma abra la puerta a futuras inspecciones técnicas de abonadoras y aperos utilizados en fertilización, una medida que considera injustificada, dado que la mayoría de las zonas agrícolas ya cumplen la normativa de zonas vulnerables por contaminación de nitratos.
ASAJA también había solicitado suprimir la obligación de registrar la fertilización en un plazo máximo de un mes, por considerarla una presión burocrática innecesaria. En este sentido, la organización propuso que la aplicación del Real Decreto se retrasara hasta que el Ministerio publicara las guías de buenas prácticas en fertilización y pusiera en marcha un programa formativo para divulgarlas entre los agricultores y ganaderos.
Entre otras demandas, ASAJA reclamó la reducción de la burocracia para las personas que suministran estiércoles a terceros, el reconocimiento oficial por parte de las administraciones —central o autonómicas— de un programa informático gratuito que permita realizar los planes de abonado sin necesidad de contratar un asesor en fertilización, y la supresión del actual régimen sancionador, que prevé la aplicación simultánea de hasta siete leyes, dos reales decretos y las normativas autonómicas correspondientes, sin perjuicio de posibles responsabilidades civiles, penales, medioambientales o de otro orden.
ASAJA insiste en que el sector agrario ya cumple sobradamente los estándares medioambientales exigidos por la Unión Europea y considera que esta nueva normativa no aporta soluciones reales, sino que incrementa los trámites, costes y cargas administrativas para los profesionales del campo.
