Tras la tractorada del 29 de enero en Alicante, el comité ejecutivo de ASAJA mantiene una reunión urgente con el president Pérez Llorca por la delicada situación del campo alicantino. “Reclamamos que el Consell mantenga un posicionamiento firme a nivel nacional sobre el Trasvase Tajo-Segura”.
ASAJA Alicante ha reclamado hoy al Consell mantener coherencia respecto al acuerdo Unión Europea-Mercosur para frenar su ratificación, pues el apoyo brindado por los europarlamentarios del Partido Popular a través de sus votaciones en el Parlamento Europeo, desde un principio, ha roto la línea de unidad de acción que había entre Consell y organizaciones agrarias sobre “rechazar cualquier iniciativa europea que debilite al sector primario y genere competencia desleal”.
Esta inquietud ha sido puesta de manifiesto esta mañana durante una reunión de trabajo mantenida entre el comité ejecutivo de ASAJA Alicante y el Consell representado por el president Juanfran Pérez Llorca y el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, así como el director territorial de la Conselleria de Agricultura en Alicante, Juan Planelles, en la sede de la organización agraria alicantina.
Un encuentro que se produce tras la tractorada del pasado 29 de enero cuando el campo alicantino salió masivamente a la calle para denunciar la situación asfixiante del sector agrario y su desprotección ante decisiones por parte de las diferentes administraciones en cuanto a decisiones que generan desequilibrios de mercado y falta de reciprocidad, “sobre todo propiciados por los diferentes acuerdos comerciales que suscribe la UE y que penalizan directamente al campo”.
Por esta razón, ASAJA Alicante ha manifestado que “es incomprensible que los europarlamentarios valencianos del PP hayan respaldado un tratado que contradice el manifiesto firmado el 29 de julio de 2025 entre el Consell, cooperativas y organizaciones agrarias, donde se asumió el compromiso de rechazar cualquier iniciativa europea que debilitara al sector primario, como por ejemplo la reducción de la asignación presupuestaria para la PAC”. No se puede defender al campo en casa y ponerlo en jaque en Europa.
En este sentido, el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, ha subrayado que si el posicionamiento frente al Mercosur ha empezado a rectificarse no ha sido por convicción política, sino por la presión firme y constante de las organizaciones agrarias en Bruselas y Estrasburgo en diciembre y enero. Andreu ha criticado duramente que los europarlamentarios del PP votaran “no” a llevar el tratado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, alineándose con el Partido Socialista y dando la espalda, una vez más, al campo español.
Agua
En materia hídrica, ASAJA Alicante exige una defensa sin matices del Trasvase Tajo–Segura ante las nuevas normas de explotación previstas para 2026 y 2027; “resulta esencial una estrategia común y un posicionamiento firme a nivel nacional que impida que los postulados restrictivos de Castilla-La Mancha se impongan dentro del propio Partido Popular”. Del mismo modo, el Trasvase Júcar–Vinalopó debe ser plenamente operativo: el embalse de San Diego necesita su urgente restauración por parte del Estado, porque sin agua el sistema no es viable.
Y en paralelo, Andreu, ha solicitado a la Generalitat que asuma el liderazgo definitivo para la puesta en marcha del proyecto Vertido Cero ante la UE y el Gobierno central; “que cojan las riendas de forma inminente”, de lo contrario, Alicante seguirá perdiendo tiempo, oportunidades y recursos hídricos esenciales tanto para mantener playas limpias como para garantizar agua depurada a un precio razonable para el regadío.
Exceso de burocracia y otros problemas urgentes
Otro de los puntos más controvertidos ha sido la burocracia. Un ejemplo claro es la gestión de las ayudas para los productores de cereza en Alicante, tanto en secano como en regadío, convocadas por la Conselleria de Agricultura el año pasado. Lo que debía ser un apoyo ágil se convirtió en un laberinto administrativo: dos órdenes en lugar de una, trámites de audiencia innecesarios, más de tres años de demora —con tres consellers distintos al frente— y, además, sometidas a concurrencia competitiva cuando hablamos de ayudas de supervivencia. “Así no se simplifica; así se desespera al agricultor”, zanjó Ramón Espinosa, secretario técnico de ASAJA Alicante.
Otro de los hechos actuales que preocupan a la asociación es que la entrada masiva de mandarina de Sudáfrica ha arruinado la primera parte de la campaña de las clementinas valencianas, “por lo que exigimos que ejerza presión en Europa para revisar el tratado con Sudáfrica, pues directamente este país africano nos ha expulsado a los citricultores europeos del mercado”. El presidente de ASAJA Alicante insistió en el demoledor impacto comercial y fitosanitario que está provocando dicho acuerdo para la citricultura de la Comunitat Valenciana.
También se abordaron otras cuestiones no menos importantes como la necesidad de medidas excepcionales para los cultivos de secano (cereales y uva de vinificación) y sectores en crisis (uva de mesa). Se trasladó la urgencia de avanzar en el acuerdo de la pinyolà y en un plan real de reconversión de variedades híbridas, así como la grave situación de la apicultura valenciana, cada vez con menos colmenas y apicultores mientras otras autonomías sostienen su cabaña con ayudas agroambientales.
Asimismo, se reclamó un plan efectivo de recuperación para las zonas devastadas por la Xylella fastidiosa tras siete años de arranques; el impulso al arroz de Pego y la recuperación del arroz bombón, que hoy se cultiva pero carece de semilla certificada para la PAC; y el respaldo decidido al proyecto de campo de ensayos en Orihuela (IVIA–ASAJA Alicante) así como la consolidación de la marca “Limón de Alicante” como herramienta de diferenciación y valor añadido.
En materia de Seguros Agrarios, ASAJA Alicante afirma que no basta con consignar fondos: la Conselleria debe exigir a Agroseguro transparencia, trazabilidad y resultados, porque hoy los recursos no están llegando de forma efectiva al agricultor. Se están reduciendo las pólizas por una política de penalización de siniestros que expulsa a productores del sistema mientras aumentan los costes y se recortan coberturas. “Instamos al Consell a liderar una revisión urgente del modelo para garantizar que cada euro invertido se traduzca en una protección real y accesible para el campo valenciano”.
