ASAJA Alicante advierte que el Plan de Ordenación de Sierra de la Escalona causará un daño irreparable al regadío de la provincia

18/06/2026

  • La organización agraria califica el decreto de «corta y pega» de normativas del interior y denuncia que prioriza la presión ecologista frente a la viabilidad socioeconómica de la Vega Baja.
  • El documento actual genera inseguridad jurídica y puede limitar el desarrollo de proyectos de interés público fundamentales para la Comarca.

ASAJA Alicante muestra su absoluto rechazo al actual planteamiento del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de la Escalona, Dehesa de Campoamor y su entorno. José Vicente Andreu, presidente de la organización agraria denuncia que, en los últimos 35 años, ha prevalecido el interés político por ceder a las presiones ecologistas antes que la protección de los agricultores, derivando en un documento que actúa como un lastre para el sector primario de la comarca y amenaza el futuro de municipios enteros como Torremendo.

Este conflicto centró ayer la Mesa Redonda/Jornada sobre dicho Plan de Ordenación, celebrada en la Cámara de Comercio de Orihuela, organizada junto a la Cátedra de Eficiencia Hídrica y Agricultura Sostenible de la Universidad de Alicante e inaugurada por el presidente de dicha entidad cameral, D. Mario Martínez.

Durante el encuentro, el Catedrático Pablo Melgarejo, criticó la prohibición de instalar plantas fotovoltaicas para autoconsumo agrícola, una tecnología de gran utilidad que reduce el uso de combustibles fósiles y puede crear sombras en zonas calurosas, resultando muy beneficiosas para las explotaciones.

Una escalada restrictiva basada en la subjetividad

La presión ecologista llevó al gobierno del Botànic a decretar una protección paisajística de 13.000 hectáreasbajo un criterio subjetivo que dejó fuera los campos cultivados. Ahora, el PORN devora el territorio al englobar 9.000 hectáreas de futuro Parque Natural y otras 9.000 de áreas perimetrales de amortiguación.

José Vicente Andreu, denunció el ninguneo al sector: «No nos consta ninguna evaluación socioeconómica sobre las consecuencias de la declaración, especialmente en la zona de amortiguación, que incluye más de 6.000 hectáreas de regadíos de interés nacional (más del 50% de la zona regable de La Pedrera). Es inadmisible aplicar un PORN tan restrictivo sin evaluar su impacto en la economía y el empleo local».

Por su parte, Francisco Martínez, Director-Conservador de los Parques Naturales del sur de Alicante, incidió durante la jornada en la necesidad de analizar los valores naturales del espacio agrícola, advirtiendo que el gran reto reside en determinar cómo se compatibiliza la riqueza ambiental con el resto de las actividades económicas indispensables para el sustento de la comarca.

Prohibir la tecnología y condenar al secano

Las instalaciones fotovoltaicas, el sellado con acolchados plásticos, los cortavientos, invernaderos, granjas y transformaciones agrícolas abren un complejo escenario de defensa legal.Andrés Molina, Catedrático y Director del Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales (IUACA) de la UA, advirtió que el documento actual genera inseguridad jurídica y añadió que algunos de sus contenidos incluyen limitaciones que pueden resultar desproporcionadas y pueden impedir el desarrollo de proyectos de interés público de primer orden.

Asimismo,Raúl Mérida, Comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana, defendió que la Sierra Escalona ya contaba con el reconocimiento ambiental de Europa. “El PORN introduce un plan ambiental integral que protege hábitats prioritarios, recursos hídricos y fauna amenazada”.

El enfado de los vecinos se ha agravado al conocerse que la Conselleria introdujo a última hora diez artículos adicionales tras la Declaración Ambiental Integrada. La administración se otorga el poder de autorizar de forma unilateral, instalaciones degradantes como vertederos de residuos urbanos, cementerios de coches e industrias contaminantes.

ASAJA Alicante advierte que el propio informe de la Abogacía de la Generalitat refleja de forma explícita que la declaración de Parque Natural no debe implicar un incremento del gasto público, lo que, a juicio de la organización, confirma que el Consell no piensa invertir ni un euro en la mejora real del entorno.

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DPD-Delegado Protección de datos

Cristina Aniorte Salinas