Resumen del 15 al 22 de diciembre del 2022.
- El Gobierno pone en marcha el registro de contratos alimentarios, y la obligación de inscripción de los mismos a partir del 30 de junio de 2023.
- La Conselleria de Transición Ecológica saca a consulta pública previa la revisión y actualización del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana.
- La Generalitat publica la Ley valenciana del Cambio Climático y la Transición Ecológica.
1. El Gobierno pone en marcha el registro de contratos alimentarios, y la obligación de inscripción de los mismos a partir del 30 de junio de 2023.
El pasado 20 de diciembre de 2022, se ha publicado en el BOE el real decreto por el que se desarrolla el registro de contratos alimentarios de carácter digital en el que se deberán inscribir, con carácter obligatorio, los contratos que se suscriban con los productores primarios y sus agrupaciones, en cumplimiento de la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, aprobada en diciembre de 2021.
El Registro de Contratos Alimentarios incrementa la protección de los productores primarios y sus agrupaciones, ya que facilitará las funciones de inspección y control de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y de las autoridades de ejecución de las comunidades autónomas, encargadas de velar por el cumplimiento de las obligaciones en materia de la cadena alimentaria en el ámbito de sus competencias. De esta forma, se logra una mayor seguridad jurídica de las relaciones comerciales y una estructuración más eficiente de la cadena de valor.
En este marco, el real decreto aclara quienes son los sujetos obligados a la inscripción de los contratos alimentarios que, según la ley de la cadena, corresponde a los compradores que formalicen los contratos con los productores primarios y sus agrupaciones. También precisa el procedimiento de inscripción, que será de forma intuitiva y sencilla, y que debe realizarse antes de la entrega de los productos objeto del contrato, así como cuando se produzcan modificaciones del contrato pactadas por ambas partes.
El registro dependerá orgánicamente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y estará adscrito a la Agencia de Información y Control Alimentarios. El acceso se realizará a través de la página web de AICA (www.aica.gob.es) desde el enlace que se habilitará para su acceso cuando el real decreto entre en vigor, al día siguiente al de su publicación en el BOE.
No obstante, y con la finalidad de garantizar la operatividad de la aplicación electrónica del registro y asegurar que los operadores tengan margen para disponer de los recursos necesarios, la norma aclara que se podrá realizar la inscripción de los contratos alimentarios desde el próximo 31 de enero de 2023, si bien no tendrá carácter obligatorio hasta el 30 de junio de 2023.
2. La Consellería de Transición Ecológica saca a consulta pública previa la revisión y actualización del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana.
La Consellería de Agricultura, Desarrollo rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha publicado en la web de la Consellería la consulta pública previa de revisión del plan integral de residuos de la Comunidad Valenciana.
Se trata de un paso necesario para el inicio de la tramitación de revisión de este instrumento de planificación en materia de gestión de residuos, que se implementa después de la aprobación y publicación de la nueva ley estatal de residuos, Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y de la nueva ley autonómica de residuos, publicada en el DOGV, Ley 5/2022, de la Generalitat, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunidad Valenciana.
La revisión del plan pretende acelerar la transición hacia la economía circular en la gestión de todos los flujos de residuos, introduciendo en la planificación autonómica los nuevos conceptos y preceptos jurídicos y normativos de las nuevas leyes sectoriales de residuos de aplicación.
La consulta pública previa, proceso previsto en la normativa estatal de procedimiento administrativo, es el momento para que, de manera previa al inicio de la tramitación con el primer documento propuesta, los interesados manifiesten sus propuestas de contenido para el nuevo documento normativo de plan integral de residuos en la Comunidad Valenciana.
3. La Generalitat publica la Ley valenciana del Cambio Climático y la Transición Ecológica.
La Generalitat publica en el DOGV la Ley 6/2022 2, de 5 de diciembre, del cambio climático y la transición ecológica de la Comunidad Valenciana, con la que se pretende combatir los retos actuales y futuros provocados por la emergencia climática.
Entre otros, el documento articula el marco normativo, objetivos y acciones por descarbonizar la economía valenciana, acelerar la transición energética, por una movilidad sostenible, la reducción de emisiones contaminantes y la fiscalidad verde.
Como principales acciones, la Ley contempla medidas de transición energética para impulsar la producción de energías renovables y distribuida, favoreciendo el autoconsumo y la participación local en las instalaciones de generación de energía. Entre otros, también se impulsa la generación de puntos de consumo aislados, el autoconsumo y las comunidades energéticas locales y al aprovechamiento de los grandes aparcamientos en superficie y cubiertos.
La movilidad sostenible es otro de los aspectos importantes, tratando de favorecer la integración y la intermodalidad de los varios modelos de transporte, la delimitación de zonas de bajas emisiones, la movilidad libre de emisiones y la promoción del uso de la bicicleta, vehículos compartidos, el transporte público, y la movilidad eléctrica. Tanto las administraciones públicas como el sector privado tendrán que calcular su huella de carbono y hacer planes de reducción y compensación de emisiones.
La fiscalidad verde es otra de las claves de la Ley, que prevé gravar las actuaciones que incrementen las emisiones de gases de efecto invernadero. Es el caso de impuestos sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos que se adquieran a partir de 2025, sobre la emisión de gases con efecto invernadero a la atmósfera de actividades industriales emisoras de CO₂ o un impuesto ambiental sobre grandes establecimientos comerciales.
También se incorpora la perspectiva de cambio climático a la planificación hidrológica, creando el registro público de la huella hídrica de productos, servicios y organizaciones. Así como fomentar sistemas de drenaje sostenible en entornos urbanos, o la reutilización y aprovechamiento eficaz y sostenible de las aguas regeneradas y pluviales y la minimización de las pérdidas de agua.
En el ámbito agrícola se impulsará la evaluación de los riesgos en el sector, la actividad y el territorio, con una apuesta importante por las prácticas ecológicas.
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