Ser agricultor tiene mérito. Dominar una actividad que exige conocimientos técnicos, capacidad empresarial, adaptación constante y un profundo respeto por el medio natural ya supone, en sí mismo, un desafío de enorme magnitud en cualquier lugar del mundo. Pero ser agricultor y, además, regante hoy en Alicante tiene aún más mérito. Porque en esta tierra, aprender a aprovechar este recurso no ha sido una opción; ha sido supervivencia. Y esa cultura del agua, construida durante siglos, ha moldeado nuestro paisaje, nuestra economía y hasta nuestra identidad colectiva.
No es casualidad que una de las instituciones más antiguas de la provincia siga vinculada precisamente a la gestión del agua. Los Juzgados de Aguas de la Vega Baja, herederos del histórico Juzgado de Orihuela, con documentos que acreditan su existencia desde hace más de 750 años, son la prueba viva de que aquí el agua nunca fue un recurso cualquiera.
Tampoco resulta casual que, tras el Embalse de Proserpina, la presa operativa más antigua de Europa se encuentre en nuestra provincia. El Pantano de Tibi, cuya construcción fue impulsada por Felipe II en 1580, actualmente continúa siendo una obra de ingeniería extraordinaria y un emblema de agudeza hidráulica.
Todo esto nos recuerda una verdad incontestable: Alicante lleva siglos aprendiendo a administrar el agua y a multiplicar su valor.
En comparación con toda esa historia, el trasvase Tajo-Segura es casi un recién llegado de apenas 47 años. Un suspiro en términos históricos, pero en menos de medio siglo, sus aguas han causado una transformación radical. En dos generaciones, el Tajo-Segura ha cambiado la vida de miles de familias.
Donde antes había tierras condenadas por la escasez, hoy encontramos algunas de las explotaciones agrícolas más productivas de Europa. De estas tierras salen frutas y hortalizas frescas que abastecen a millones de consumidores dentro y fuera de España.
Pero esta historia estaría incompleta si no habláramos de quienes la han hecho posible: los pequeños y medianos agricultores que asumieron un reto gigantesco. Hombres y mujeres que, en muy pocos años, tuvieron que aprender una nueva cultura productiva, incorporar tecnologías desconocidas, reinventar cultivos, abrir mercados y asumir riesgos económicos enormes.
Nadie les regaló nada. Con esfuerzo, con deuda, con trabajo y con una capacidad de adaptación extraordinaria, convirtieron antiguos secanos de algarrobos y almendros en huertas fértiles de frutales y hortalizas.
Y todo ello, además, soportando durante años una hostilidad política y social difícil de entender. Señalados muchas veces desde determinados despachos, acusados injustamente de despilfarrar agua o incluso de robarla por quienes jamás han pisado un bancal ni han vivido pendientes de una cosecha.
Hace más de un siglo, los responsables políticos de entonces entendieron que llevar agua al Levante español era una cuestión de Estado. Una decisión estratégica para el futuro del país. No preguntaron a los agricultores si querían asumir el reto, les ofrecieron una oportunidad y una responsabilidad. Les dijeron, en esencia: “ahí tenéis el agua; ahora invertid, trabajad y construid futuro para vuestra tierra, para vuestras familias y para España”.
Yo lo viví en primera persona. Recuerdo perfectamente la llegada de las primeras aguas del acueducto a Torremendo. Tenía quince años cuando mi padre plantó las primeras alcachofas. Aquello no era simplemente trabajo; era ilusión y esperanza. Era la sensación de estar cambiando para siempre el destino de nuestra familia.
Esas primeras cosechas nos permitieron estudiar, progresar, modernizar la explotación. El viejo Barreiros dejó paso a un John Deere. El Renault 4 se convirtió en un Renault 6. Y en el pueblo levantamos una casa familiar que hoy sigue viva, habitada por la siguiente generación. Ese es el verdadero legado del trasvase.
Hoy, casi medio siglo después, resulta profundamente caprichoso e inmoral que tenga que ser el Tribunal Supremo quien decida sobre el futuro de estas aguas y de miles de familias.
Como país, deberíamos haber sido capaces de resolver esto desde el diálogo, con perspectiva nacional. Sin embargo, el populismo, el sectarismo ideológico y la incapacidad de alcanzar acuerdos nos han llevado hasta este extremo.
Que los hijos y nietos de aquellos agricultores a quienes el Estado pidió trabajar y arriesgar su patrimonio para desarrollar esta tierra tengan ahora que esperar la sentencia de un juez sobre su futuro, es difícil de aceptar.
Pero hay algo sobre lo que ningún tribunal, ningún ministerio y ningún político podrá jamás dictar sentencia. Y es sobre nuestra dignidad. La dignidad de ser regantes del Tajo-Segura. Eso está por encima de coyunturas políticas, por encima de gobiernos, y por encima de cualquier sentencia. Alea iacta est.
