La inmensa mayoría de los ciudadanos cree que la garantía alimentaria consiste en que los lineales de los supermercados estén siempre llenos de productos. Y a ser posible, que sean baratos. Esa percepción está tan extendida que incluso muchos de los responsables políticos que rigen nuestros destinos parecen compartirla.
Una visión que es consecuencia directa de una educación cada vez más alejada de la realidad de la producción de alimentos. Relacionar una granja de vacas con el vaso de leche del desayuno, o un campo de trigo con el pan que ponemos cada día en la mesa se ha convertido casi en un ejercicio teórico que muchos niños ꟷy algunos adultosꟷ no superarían con éxito.
Los efectos de esta desconexión entre lo urbano y lo rural son visibles a diario. No son pocos los turistas que se quejan de que los gallos cantan al amanecer y estropean su escapadita romántica de fin de semana en medio de la naturaleza. Tenemos un enfoque edulcorado del campo, reducido a prados verdes, riachuelos cristalinos y cervatillos correteando libremente.
No, me temo que el campo no es eso. Ese falso concepto construido desde los despachos urbanos y trasladado después a la política europea, poco tiene que ver con una imagen viva de quienes habitan y trabajan en él.
Desde esa perspectiva se diseñan también muchos de los acuerdos comerciales que la Unión Europea firma con países de todo el mundo. Mientras al agricultor local se le exige cumplir rigurosamente cada normativa ambiental, sanitaria o laboral, se calcula que apenas un 0,08% de las mercancías importadas es inspeccionada. Estamos dejando entrar lo que nosotros tenemos prohibido producir, consintiendo una competencia desleal que nos condena a la quiebra mientras Europa hace la vista gorda.
¿Y todo esto, cómo se encaja en un orden mundial en el que la ONU ha pasado de ser una simple comparsa, visto está con la vulneración de los derechos humanos, a directamente la más absoluta irrelevancia?
Las consecuencias son evidentes. Una de ellas es el aumento constante del precio de la cesta de la compra. Otra, menos visible pero igual de importante, es la firma desesperada de pactos que dan salida a la industria europea a cambio de facilitar la entrada de sus productos agropecuarios sin garantía de cumplir un marco normativo, asumiendo el daño y posible desmantelamiento de nuestro sistema productivo.
Cuando estalló el covid, en Europa faltó de casi todo, de todo menos carne, huevos, frutas y hortalizas frescas gracias a la fortaleza del sector primario español.
Pero ¿qué hubiese pasado si este hubiese estado diezmado y debilitado? ¿Hubiésemos sido capaces de asegurar la alimentación en medio de una crisis tan extrema?
Tras la pandemia, el sector farmacéutico fue declarado estratégico para evitar situaciones de desabastecimiento. Claro, nos quedamos sin medicamentos y aprendimos la lección. Pero como no nos faltó comida, parece que hay cosas que aún no hemos entendido.
Si Europa no reconoce al sector primario como esencial, estaremos asumiendo un riesgo enorme: que en tiempos revueltos descubramos, demasiado tarde, que la seguridad alimentaria no se garantiza en las estanterías de los supermercados, sino dando seguridad y medios para trabajar a los agricultores y ganaderos. Justo lo contrario de lo que están haciendo ahora desde el Gobierno del Estado y desde Bruselas. Conviene no olvidarlo.
