Hace ya algunos años, la Unión Europea ordenó la protección de lobo por la presión de los partidos verdes y ecologistas y nuestro gobierno apoyó esa ley en contra de la opinión del sector ganadero, donde la convivencia con el lobo no es una teoría, sino un problema cotidiano.
Del mismo modo que los lobos empezaban a proliferar en las montañas del norte del Duero, el número «GW950m» merodeaba y mataba ganado en las fincas vecinas a la de Ursula Von der Leyen. Se cuentan doce ataques hasta que el cánido entró en su jardín y acabó con la vida de Dolly, el pony de la presidenta de la Comisión europea. Un episodio que bastó para cambiar su suerte y la de toda su especie.
Hoy, los agricultores y ganaderos europeos nos enfrentamos a otro tipo de lobo. Uno más silencioso, también más peligroso. Un lobo económico, político y comercial que amenaza directamente nuestra supervivencia y, lo que es más grave, la salud de todos los consumidores.
Europa atraviesa una evidente desorientación geopolítica. Nuestra industria, especialmente la automovilística, precisa desesperadamente nuevos mercados. Oriente domina la escena mundial y Estados Unidos ha dejado claro que ya no nos considera un socio estratégico prioritario. Ante este panorama, Bruselas vuelve la mirada hacia el sur de América. Una región con enormes excedentes agroalimentarios y economías emergentes deseosas de consumir nuestros productos.
El problema es que hablamos de dos modelos productivos y dos concepciones del futuro radicalmente opuestas.
A los productores europeos se nos imponen normas cada vez más restrictivas en nombre de la defensa del medio ambiente y la salud humana. La Ley de Restauración de la Naturaleza, el Pacto Verde Europeo, la eliminación del 50% de los productos fitosanitarios sin justificación científica ni alternativas eficaces, los impuestos artificiales a los fertilizantes para encarecerlos al margen de las leyes del mercado… Un catálogo de decisiones que lastra nuestra productividad, dispara costes de producción y nos deja absolutamente indefensos en un mercado que, paradójicamente, se nos vende como “libre”.
Mientras tanto, en los países de Mercosur no existen reparos en deforestar miles de hectáreas para ampliar la superficie agrícola ni en usar productos químicos en limones y hortalizas o antibióticos para estimular el crecimiento de las vacas. En pocas palabras, todo vale con tal de producir más barato. Como es lógico, competir en esas condiciones no es difícil, es directamente imposible.
A esta desigualdad normativa se suma una diferencia estructural clave. En Alicante predomina el minifundio, ligado a la conservación del territorio, al equilibrio hídrico y a una cultura milenaria de uso responsable de la tierra. En Sudamérica hablamos de explotaciones de decenas de miles de hectáreas, gestionadas desde helicópteros, donde el territorio es solo un factor de producción más.
Bruselas nos intenta tranquilizar hablando de cláusulas de salvaguarda y mecanismos de protección, pero la realidad es tozuda. Si el Gobierno carioca se reconoce incapaz de controlar el uso de hormonas en su ganadería, ¿cómo garantizará que no lleguen a Europa, prohibidas aquí unos treinta años?
Este círculo no se puede cuadrar. Vender coches europeos en Mercosur puede ser relativamente sencillo. Pretender que los sistemas productivos agrícolas y ganaderos de allá se adapten a las normas europeas es una quimera.
Y no se trata de un problema menor. Los barcos cargados de fruta, hortalizas y carne llegarán a nuestros puertos y, ante la miopía en los controles, terminarán en el supermercado donde hacemos la compra. Serán baratos, sí, pero estarán cargados de sustancias que consideramos inaceptables.
Con el acuerdo Mercosur, el nuevo lobo no llegará al jardín de la presidenta europea. Llegará a nuestras mesas pero, a diferencia del anterior, esta vez morderá a todos: agricultores, ganaderos y consumidores. Y lo hará donde más duele, en nuestra salud y soberanía alimentaria.
