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Viernes, 07 Agosto 2020 07:47

ASAJA Alicante concreta las medidas de imprescindible cumplimiento ante la crisis de la COVID-19

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Para fortalecer la economía de nuestro país es indispensable contar con el Trasvase Tajo – Segura y aportes externos de agua. Además, es necesario que acabe la venta de cosechas por debajo de los costes de producción, contar con unos seguros agrarios equilibrados y asequibles para el agricultor. El sistema de seguros, al estar sostenidos por el Gobierno, debe tener un control público y establecer límites para que deje de convertirse, cada día más, en una herramienta de lucro para quienes lo gestionan. Son necesarias más medidas que además ayudarían a crear empleo, frenar el despoblamiento de la España rural y eliminar barreras entre el agro y la urbe. Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante las ha concretado en un décalogo que está trasladando a todos los niveles en distintos encuentros como la V Mesa de Diálogo Empresarial que forma parte del Plan de Empleo de Cruz Roja Alicante y se celebró el 30 de julio. Este foro online contó con la participación de Ramón Espinosa, secretario técnico de la organización agraria y los representantes de  Fempa, Alpha, L´Actei, Cecap, Mercalicante, Jovempa, Grupo Servipau y Fepeval.

 Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante, gracias a su experiencia, conocimiento y apoyo en un equipo técnico profesional y cualificado en áreas multidisciplinares que engloban materias fiscales, laborales, jurídicas, agronómicas,… además de contar con el asesoramiento de profesores y catedráticos de distintas Universidades, entre otros expertos, ha elaborado un Décalogo de imprenscindible cumplimiento para fortalecer la economía de nuestra provincia y España.

El decálogo concreta los siguientes puntos:

1. El problema del agua (falta de agua para riego, elevado precio y mala calidad)
Es una exigencia que cualquier sector económico reclamaría para desarrollar su actividad. La incertidumbre casi permanente a la que se somete a algunos regadíos, como los dependientes del trasvase Tajo-Segura, genera distorsiones que afectan a toda la cadena de producción, distribución y puntos de venta tanto nacionales como internacionales.


2. Bajos precios agrícolas en origen y renta agraria
Nos encontramos con el problema que está desembocando en la falta de rentabilidad y crisis estructural de la producción agrícola y ganadera. Por un lado, los costes de producción se han incrementado y los precios en origen están estancados o se sitúan, incluso, por debajo de los gastos.

La consecuencia de esta situación es la falta de rentabilidad, el abandono de la actividad y un escaso relevo generacional. Relacionado con este problema de precios bajos en origen está la estructura de mercado que tenemos actualmente y los acuerdos comerciales que desde la UE se firman con terceros países. Al respecto, el Ministerio de Agricultura recientemente ha impulsado la modificación de la ley de la mejora de la cadena alimentaria, en un intento de influir legislativamente para que los precios en origen se construyan sobre la base de los costes de producción y también establece la prohibición de la venta a pérdidas. Quedamos a la expectativa de cómo evolucionan estas medidas y si tienen resultados en los precios de los productos agrarios.


3. Seguros agrarios
Apuesta por el sistema nacional de seguros agrarios combinados y en este sentido, se deben corregir y adoptar 3 medidas:
- Reestablecer el presupuesto anterior al año 2012 (300 millones de Euros, actualmente son 211 millones de Euros).
- Recuperar por parte de ENESA (Ministerio de Agricultura) el papel de árbitro del sistema, reprimir, equilibrar y poner orden a la situación que ha generado el pool de compañías privadas AGROSEGURO.
- Sacar de la siniestralidad anual del sistema, determinados accidentes climáticos absolutamente extraordinarios, como por ejemplo la Gota Fría/ DANA, que sufrimos el pasado septiembre.


4. Futura PAC
Es importante mantener la PAC. La agricultura continental es la gran beneficiaria de las ayudas de la PAC en detrimento de la Agricultura mediterránea. En este sentido, se debe intentar compensar este agravio comparativo con otras medidas diferentes a las ayudas directas de la PAC, como por ejemplo un mayor presupuesto en las ayudas del II Pilar; orientar políticas de medidas de mercado a escala europea, que tiendan a que sea el mercado quien retribuya a los agricultores o ajustar determinados acuerdos comerciales que perjudican a la agricultura mediterránea.


5. Costes energéticos
Regular las tarifas eléctricas es una de las acciones donde la Administración tiene capacidad de incidir. Los regantes y comunidades de regantes, tienen que de contratar una elevada potencia para bombear el agua durante los periodos de riego. No obstante, se paga la misma potencia durante todo el año, sin excepción, riegues o no riegues.


6. Fiscalidad.
Reducción de la presión fiscal. Lo mismo que sucede con los costes energéticos, la Administración puede incidir en la revisión los crecientes impuestos directos e indirectos con los que se carga la actividad agraria y ganadera. Tres demandas del sector que pueden contribuir a reducir los costes:
- Reducción de los índices de módulos en IRPF.
- Reducción del 35% de los impuestos en la factura gasóleo agrícola.
- Reducción del 15% factura plásticos y fertilizantes.


7. Subida SMI
La subida del SMI debería de haber sido más gradual y progresiva en el tiempo. Ha sido una medida abrupta y ha llegado en el peor momento de la agricultura. La Administración podría compensar económicamente esta subida del SMI estableciendo una bonificación especial en las cotizaciones a la seguridad social. Se trataría de una medida necesaria, ya que se corre el riesgo de que se incremente la economía sumergida en el sector.


8. Acuerdos comerciales con terceros países

La Comisión Europea debería revisar su política de acuerdos comerciales con terceros países y mantener un mayor rigor en el cumplimiento de los principios de Preferencia comunitaria (no se debe permitir la entrada de frutas y hortalizas de terceros países en plena campaña y tratar de organizar los calendarios para permitir la entrada de estas producciones cuando en Europa no haya producción propia).

Debe haber en las importaciones reciprocidad (laboral y fitosanitaria), las mismas reglas de juego para todos.


9. Acuerdos entre la administración central y la gran distribución
La Administración puede exigir a la gran distribución determinados líneas rojas que no se pueden traspasar y que se respeten precios mínimos para la producción. Deben establecerse medidas de colaboración que ayuden a erradicar algunas de las prácticas desleales realizadas en algunos centros comerciales, por ejemplo, prohibir el arte del “preciobajismo” y prohibir la banalización de los productos agrarios en el supermercado.


10. Campaña de comunicación de la importancia estratégica del sector primario
En este momento actual, con motivo de la crisis sanitaria del COVID 19, estamos percibiendo la importancia que tiene para un país, disponer de un sector primario activo, relevante y no depender de terceros países para abastecer a la población de bienes de primera necesidad. Es importante, plantear una línea de financiación que vaya destinada a publicitar y difundir las bondades de la agricultura y la ganadería y su importancia estratégica desde un punto de vista económico, medio ambiental, social y de fijación de población.


Este decálogo está siendo trasladado en todos los niveles, desde les Corts, hasta los encuentros económicos que tienen lugar como foros de debate y diálogo entre representantes sociales. Entre estos encuentros, cabe destacar, por ejemplo, la V Mesa de Diálogo Empresarial que forma parte del Plan de Empleo de Cruz Roja Alicante y se celebró el 30 de julio. En este foro digital, participó Ramón Espinosa Sáez, secretario técnico de Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante y otras entidades como Fempa, Alpha, L´Actei, Cecap, Mercalicante, Jovempa, Grupo Servipau y Fepeval. La Mesa fue dinamizada por Carmen Esther Lafuente López, economista y coach y fue financiada por el Proyecto Reto.

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