Viernes, 19 Junio 2020 07:16

Impugnan en vía administrativa el acuerdo de la Pinyolà aprobado por la Conselleria de Agricultura como paso previo a la vía judicial

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ASAJA Alicante, juntoa las principales organizaciones de apicultores, que representan al 75% del censo de colmenas de toda la Comunidad Valenciana, se han unido para rechazar el Acuerdo de la Pinyolà que, como viene ocurriendo desde hace casi tres décadas, se aprueba todos los años para evitar la polinización cruzada de cítricos e impedir la instalación de colmenas en muchas áreas agrícolas. Por ello, las organizaciones han interpuesto un recurso de reposición en vía administrativa y, en caso de que no se atendiera dicha petición por parte de la Administración y se retirase el acuerdo, anuncian que procederán a la interposición de un recurso por cauce judicial, a fin de que se atienda esta eterna reivindicación del sector. Como ya hemos puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones, las asociaciones profesionales no estamos de acuerdo con dichas limitaciones, ya que el referido documento perjudica gravemente a la actividad apícola en nuestra Comunidad, no existiendo ninguna regulación similar para aquellos apicultores que se dedican a la producción de miel de azahar en el resto de España.

 

Como es costumbre y se viene haciendo cada año desde hace 27 años, casi tres décadas, en 2020 y en pleno estado de alarma por el Covid-19, se ha publicado nuevamente un Acuerdo para limitar la polinización cruzada entre las plantaciones de cítricos, que ha estado vigente del 25 de marzo al 31 de mayo de 2020. Por ello, y como ya hemos puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones, las asociaciones profesionales no estamos de acuerdo con dichas limitaciones, ya que la conocida como `pinyolà’ perjudica gravemente a la actividad apícola de la Comunidad Valenciana, no existiendo ninguna regulación similar para aquellos apicultores que se dedican a la producción de miel de azahar en el resto de España, provocando no pocos perjuicios a los apicultores valencianos, incentivando con estas limitaciones el abandono año tras año. Todo esto por no hablar de que, además, está normativa ha generado un déficit de polinización que provocará una reducción en la próxima cosecha citrícola.

Con todo esto, ASAJA Alicante, junto a otras dos organizaciones, que unidas aúnan todas al 75% del censo de colmenas de toda la Comunidad Valenciana, se han unido en su rechazo al Acuerdo de la Pinyolà y han interpuesto un recurso de reposición en vía administrativa y, en caso de que no se atendiera dicha petición por parte de la Administración y no se retirase, anuncian que procederán a la interposición de un recurso por cauce judicial, a fin de que se atienda esta eterna reivindicación del sector.

Cabe recordar que el día 3 de febrero de 2020 el director general de Agricultura Ganadería y Pesca convocó a las diferentes organizaciones agrarias para tratar, entre otros, el tema de la polinización cruzada 2020. Los resultados de esta reunión fueron decepcionantes, puesto que quedó manifiesta la falta de voluntad y el que no se escuchan las demandas de los apicultores respecto a un tema cuyos perjuicios los sufre el sector apícola valenciano desde hace 27 años. ASAJA Alicante, junto a otras organizaciones de apicultores, hemos visto como, año tras año, pese a exigir la no publicación del acuerdo que limita la polinización cruzada de cítricos o, al menos, que se haga un estudio de la realidad apícola y citrícola y su histórica convivencia, la Administración ha decidido de nuevo ponerse de perfil y, con la excusa de la falta de tiempo para el estudio de alternativas, publicar un documento prácticamente idéntico al publicado en 2019.

Además, como hemos reseñado, este año el acuerdo se hizo público bajo una circunstancia absolutamente excepcional y que marca claramente el rechazo que esta Administración tiene por los productores de miel. Y es que, se publicó el día 25 de marzo de 2020, en pleno estado de alarma por el coronavirus. “El sector se quedó atónito cuando en pleno estado de alarma se les obligó a desplazarse fuera de la Comunidad Valenciana para ejercer su actividad, mientras al resto de sectores económicos no esenciales se les pidió que se quedaran en casa. Consideramos que la consellera, Mireia Mollà, disponía de un momento y una coyuntura perfectos para dar un paso adelante y apostar por la biodiversidad y el medio ambiente y dejar de publicar de una vez por todas una normativa que no beneficia a nadie, pero que perjudica a un sector que está agonizando debido a las dificultades que está padeciendo en los últimos años”, afirma Guillermo Rosell, presidente de la Sectorial Apícola de ASAJA-Alicante.

El recurso de reposición interpuesto frente al acuerdo publicado en 2020 está basado en la falta de coherencia entre las distintas restricciones impuestas a la actividad apícola, citando ejemplos concretos que desvirtúan los generalismos a los que se hace referencia en el contenido del acuerdo respecto a las variedades de cítricos, indicando las limitaciones que el acuerdo impone al libre ejercicio de la actividad apícola y denunciando el claro posicionamiento contra los apicultores de la Administración, al no incluir ni una sola medida que permita la convivencia entre citricultores y apicultores. “La petición de que se suspendan los acuerdos de la pinyolà no es caprichosa, sino que se fundamenta en su inutilidad como medida en sí misma. Y es que, los cítricos afectados por esta polinización cruzada son los mandarinos híbridos, especie que se introdujo en los años 80 y 90 y que, actualmente, existen en una menor proporción a la de entonces, ya que como se dice en el propio acuerdo, las variedades híbridas de mandarinos han perdido el interés de los agricultores y han sido sustituidas por otras variedades no susceptibles de generar problemas por la polinización cruzada. Lo que deja entrever que la medida ha dejado de tener la necesidad que podía tener cuando comenzó a introducirse”, denuncia Rosell.

A juicio de las tres organizaciones representantes de los apicultores queda claro que, tras casi tres décadas de gestiones, quejas, manifestaciones, recursos e interposición de demandas judiciales y, sabiendo que las cosas se pueden hacer mucho mejor, no descartamos tomar medidas más drásticas que obliguen a la administración a prestarle atención a este sector al que tiene abandonado a su suerte sin prestarle el apoyo que en otras comunidades autónomas si recibe. Concluimos pues, que la dejadez y las excusas de nuestra Administración autonómica han dejado pocas alternativas a un sector que, por su importancia para el medio ambiente, recibe apoyo en otras CCAA y sobre todo en Europa, pero que en la Comunidad Valenciana es rechazado y obligado a salir de las fronteras autonómicas y este año, además, bajo la circunstancia excepcional del estado de alarma.

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