Miércoles, 18 Marzo 2020 13:18

Valoración de ASAJA Alicante sobre el Real Decreto Ley para hacer frente al impacto económico del COVID-19

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El BOE ha publicado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que contiene medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. ASAJA Alicante considera que las medidas son oportunas y valora que se vaya a movilizar el 20% del PIB para hacer frente a las consecuencias provocadas por la crisis sanitaria, si bien considera que "se quedan cortas" algunas disposiciones como las de suspensión de plazos  en el ámbito tributario cuando lo realmente necesario es que se condonen pagos ante la reducción de los ingresos de empresas y autónomos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el martes 17 de marzo medidas para hacer frente a las consecuencias creadas por el Estado de Alarma y la situación de excepcionalidad sanitaria causada por la expansión del COVID-19.

Sánchez aseguró que destinará el 20% del PIB, es decir, 200.000 millones de euros a estas medidas y el secretario técnico de ASAJA Alicante, Ramón Espinosa, ha valorado el aporte económico, si bien considera que "algunos de los preceptos se quedan cortos y son claramente insuficientes". Así, por ejemplo, se ha referido a que "la suspensión de plazos en el ámbito tributario debería ser más amplia" y pide que "las cuotas se condonen o no se paguen".

El secretario defiende que al haber "un impacto económico acreditado, no tendrían que abonarse los seguros sociales y las cuotas de autónomos durante un periodo determinado, no que en unos meses tengamos que hacer frente a estos gastos añadidos sin contar aún con los ingresos necesarios para poder hacerlo".

VER VÍDEO: https://youtu.be/uqM36o1hndk

RESUMEN DE LAS MEDIDAS

Las medidas anunciadas se concretan en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, publicado en el Boletín Oficial del Estado el día siguiente. Entre las que afectan a las empresas y trabajadores del Sector Agrícola y Ganadero encontramos:

1.1. Cuotas de la Seguridad Social
Exoneración del 100% de la cuota cuando se trate de empresas de menos de 50 trabajadores, siempre que éstas se comprometan a mantener el empleo. Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la cuota será del 75%.

1.2. Derecho a una prestación para autónomos
Los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto, o, en otro caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria siempre que cumplan los siguientes requisitos:

A) Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

B) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.

La cuantía de la prestación regulada en este artículo se determinará aplicando el 70 por ciento a la base reguladora, calculada de conformidad con lo previsto en el artículo 339 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, la cuantía de la prestación será equivalente al 70 por ciento de la base mínima de cotización (944,35€).

La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma.

1.3. Suspensión de plazos procesales y administrativos

1.4. Avales para garantizar la liquidez
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá conceder avales por un importe máximo de 100.000 millones de euros. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros. En este punto, el secretario técnico pide "mayor concreción" y queda a la espera de que la disposición, como algunos otros puntos que contiene se desarrolle.

1.5. Garantía en el mantenimiento de los servicios de comunicaciones electrónicas y la conectividad de banda ancha.
Excepcionalmente, mientras esté en vigor el estado de alarma, las empresas proveedoras de servicios de comunicaciones electrónicas mantendrán la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público contratados por sus clientes a fecha del inicio de la aplicación del estado de alarma, de forma que no podrán suspenderlos o interrumpirlos por motivos distintos a los de integridad y seguridad de las redes y de los servicios de comunicaciones electrónicas, según se define en el artículo 44 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de servicios suscritos por los consumidores.

En este punto, el secretario técnico de ASAJA Alicante, Ramón Espinosa, pide reforzar las condiciones en las que se realizan las comunicaciones electrónicas en las áreas rurales, en las que en algunos puntos la cobertura es deficitaria, y más en estas fechas en las que está habiendo saturación de las líneas.

1.6. Trabajo a Distancia

El Real Decreto también abre las puertas a que las empresas puedan establecer mecanismos para favorecer el trabajo a distancia una vez superada la situación de excepcionalidad sanitaria.

PRECEPTOS PARA LOS TRABAJADORES
1.1. Derecho a una prestación
En los supuestos en que la empresa decida la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo por las causas previstas en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con base en las circunstancias extraordinarias reguladas en el Real Decreto-Ley, los trabajadores afectados tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo.

Se reconocen dos novedades importantes:
A) El trabajador afectado tendrá derecho a la prestación aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.
B) No computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.

1.2. Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada.
Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado a los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma en los términos previstos en el presente artículo, cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19. La reducción puede alcanzar al 100 por cien de la jornada.

El secretario técnico de ASAJA Alicante, Ramón Espinosa, ha adelantado que están haciendo un análisis más pormenorizado del Real Decreto. "Vamos a analizar cómo afecta esto en la práctica. Como conclusión puedo destacar que "una medida que aporte ahora liquidez al sistema nos parece oportuna, aunque siempre nos quedamos a medias".

MÁS AYUDAS

ASAJA Alicante-Jóvenes Agricultores informa que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha avanzado también que habrá una línea de ayudas de 57 millones de euros para ayudar a los autónomos y que el IVF articulará otra línea de 40 millones ampliables en créditos participativos para mejorar la solvencia de las empresas. Además, ha anunciado que constituirá una mesa de trabajo con participación de la Generalitat y de los representantes empresariales y sindicales.

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