Viernes, 06 Septiembre 2019 12:29

Resumen Jurídico II Destacado

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ACTUALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS APROBADAS POR EL CORONAVIRUS  

 

II.- MEDIDAS DE APOYO A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

 

I.I. PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD


Podrán beneficiarse de esta prestación los trabajadores autónomos que hayan visto suspendidas sus actividades por la declaración del estado de alarma, o, no habiéndose suspendido la actividad, la facturación se vea reducida en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior. 

Para los casos de sectores productivos con carácter estacional (característico del sector agrario), para comprobar el descenso de la facturación, se estará en lugar del semestre anterior al conjunto de la campaña del año anterior. 

La duración de la prestación es de 1 mes, ampliable en caso de prorrogarse el estado de alarma, y la cuantía ascenderá al 70% de la base reguladora.

Para acceder a la prestación es necesario estar afiliado, en alta y al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social. 

 

I.II. AYUDAS URGENTES A LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Se trata de ayudas para los autónomos que desarrollen su actividad en la Comunidad Valenciana. 

La cuantía de las ayudas ascenderá a 1.500€, en concepto de lucro cesante, para aquellos que se hayan visto obligados al cierre de actividad por el Real Decreto que establece el estado de alarma, y a 750€ para el resto de casos.  

En la actualidad, aún no es posible solicitar estas ayudas, ya que todavía no se han aprobado por la Comunidad Valenciana los trámites, requisitos y las condiciones para acceder a las mismas.

 

III. MORATORIA DE LAS COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Se prevé la posibilidad de que la TGSS otorgue moratorias de hasta 6 meses, sin intereses, a las empresas y los trabajadores autónomos que lo soliciten, y cumplan los requisitos y condiciones que se establecerán mediante Orden Ministerial. 

La moratoria se podrá pedir, en el caso de las empresas, sobre las cuotas que se devenguen entre los meses de abril y junio de 2020, y en el caso de los trabajadores autónomos sobre las que se devenguen entre mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma. 

La medida deberá solicitarse por medios electrónicos dentro de los 10 primeros días del plazo para el ingreso voluntarios de cada una de las cuotas.


IV. APLAZAMIENTO EN EL PAGO DE DEUDAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Las empresas y los trabajadores autónomos, siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, siendo de aplicación un interés del 0,5%.

La solicitud de aplazamiento deberá efectuarse dentro de los 10 días primeros del plazo de ingreso voluntario de la deuda.

 

V. MORATORIA EN EL PAGO DE LA DEUDA POR EL ALQUILER DE LA VIVIENDA HABITUAL (NO DE LOCALES DE NEGOCIO)

Se establece la posibilidad para los arrendatarios de vivienda habitual que estén en situación de vulnerabilidad económica por causa del COVID-19 de solicitar un aplazamiento o una reducción de la renta del alquiler.

Los requisitos para ser beneficiario de la medida (deudor vulnerable) son los siguientes: 

  1. Que la persona obligada a pagar el alquiler este en desempleo o haya visto reducido su empleo por un ERTE o reducida su jornada por cuidados, o si es empresario, haya perdido ingresos, de forma que el conjunto de ingresos de la unidad familiar, en el mes anterior al de la moratoria no alcance, con carácter general, el límite de 3 veces el IPREM, esto es 1.645,80 euros. 
  1. Que la renta de alquiler, más los gastos de suministros básicos (luz, agua, gas, entre otros) representen el 35% o más de los ingresos netos de la unidad familiar. 
  1. Que la persona que debe pagar la renta o cualquiera de los miembros de la unidad familiar no sea propietario ni arrendatario de una vivienda en España

El arrendatario que reúnan los requisitos anteriores podrá: 

1. Solicitar del arrendador un aplazamiento, fraccionamiento o condonación de la renta, en el plazo de un 1 mes desde el 2 de abril de 2020. La ley distingue dos supuestos:

     a) Aplicación automática de la moratoria. Si el arrendador es una empresa o entidad pública de vivienda, o un tenedor con más de 10 inmuebles urbanos, y no se llega a un acuerdo con       el arrendatario, el propietario debe optar entre

  • Condonar el 50% de la renta durante el plazo que dure el estado de alarma,
  • Diferir el pago de la renta, sin penalización ni intereses, fraccionándola durante los 3 años siguientes.

  • b) En el que el arrendador sea un particular, tras la solicitud del arrendatario, tendrá que proponer al mismo las medidas de aplazamiento, fraccionamiento o condonación de la renta. Si no se alcanza un acuerdo, el arrendatario podrá solicitar las ayudas aprobadas por el Gobierno para el pago de la renta

  • 2. Participar en el programa de cobertura financiera por cuenta del Estado, que desarrollará una línea ICO de avales, para que las entidades bancarias puedan ofrecer ayudas para financiar a los deudores y que estos puedan hacer frente al pago del alquiler, con un plazo de devolución de hasta 6 años, prorrogable por otros 4 y sin que, sin que se devengue ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante. 

  1. Acceder al “Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual”, que tendrá por objeto la concesión de ayudas al alquiler de como máximo 900 euros, mediante adjudicación directa, y que tendrá por finalidad hacer frente a la dificultad en la devolución de las ayudas transitorias de financiación contraídas por hogares vulnerables que no se hayan recuperado tras la crisis y que no puedan hacer frente a la devolución de los préstamos. 

 

VI. PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA HABITUAL


En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual cuya vigencia finalice dentro del periodo comprendido entre el 2 de abril de 2020 hasta el día en que hayan transcurrido 2 meses desde la finalización del estado de alarma, podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria del plazo del contrato por un periodo máximo de 6 meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor.

 

VII. SUSPENSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DESHAUCIONEN CASO DE HOGARES VULNERABLES SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL


Se prevé, en el caso de desahucios de viviendas (no de locales de negocios), que, una vez levantada la suspensión de los términos y plazos procesales tras la finalización del estado de alarma, se puedan suspender los lanzamientos o los procedimientos de desahucio (cuando todavía no se hubiere señalado fecha para el lanzamiento) por un periodo máximo de seis meses a contar desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley, hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas.

Tal suspensión será posible cuando los arrendatarios acrediten que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica a consecuencia del COVID-19 y no puedan encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que convivan.

 

VIII. MORATORIA EN EL PAGO DE CREDITOS POR LA ADQUISICION DE VIVIENDA HABITUAL, DE INMUEBLES AFECTOS A LA ACTIVIDAD ECONOMICA O POR VIVIENDAS NO HABITUALES EN ALQUILER EN LAS QUE EL PROPIETARIO HAYA DEJADO DE PERCIBIR LA RENTA

Se establece la posibilidad de solicitar a la entidad acreedora la moratoria en el pago de los créditos que se hayan generado por la adquisición de la vivienda habitual, por inmuebles afectos a la actividad económica o por viviendas no habituales en alquiler en las que el propietario ha dejado de percibir la renta como consecuencia de la crisis sanitaria.

Para poder obtener la moratoria es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

  1. Estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufrir una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial en su facturación de al menos un 40%.
  2. Que los ingresos del conjunto de la unidad familiar en el mes anterior al de la moratoria no alcancen, con carácter general, el límite de 3 veces el IPREM, esto es, 1.645,80 euros
  3. Que el total de la cuota hipotecaria, más los gastos de suministros básicos (agua, luz, gas, entre otros), representen el 35% o más de los ingresos de la unidad familiar
  4. Que, como consecuencia de la emergencia sanitaria, la familia haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de acceso a la vivienda, y el esfuerzo de la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1,3.
  5. Que la persona que debe pagar la renta, o cualquiera de los miembros de la unidad familiar, no sean propietarios ni arrendatarios de una vivienda en España.

Características de la medida:

  • Cualquier deudor vulnerable, hipotecario o no, puede solicitar la suspensión temporal de las obligaciones de pago derivadas de su préstamo o crédito.
  • La solicitud se puede realizar hasta 1 mes después de la vigencia del estado de alarma.
  • La aplicación de la suspensión no requerirá acuerdo entre las partes para que sea aplicable, ni novación contractual alguna, sino que surtirá efectos desde la solicitud del deudor al acreedor, acompañada de la documentación requerida.
  • La suspensión tendrá una duración de 3 meses, ampliables mediante acuerdo de Consejo de Ministros.
  • Durante la suspensión, será inaplicable la cláusula de vencimiento anticipado, y además la entidad acreedora no podrá cobrar ni exigir el pago de la cuota, ni de intereses de ningún tipo, manteniéndose las demás condiciones pactadas.

 

IX. APLAZAMIENTO DE LOS PAGOS EN PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTIDADES LOCALES A EMPRESARIOS Y AUTÓNOMOS AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19

Las empresas y trabajadores autónomos que sean prestatarios de créditos o préstamos financieros cuya titularidad corresponda a una Comunidad Autónoma o Entidad Local podrán solicitar el aplazamiento del pago a satisfacer en lo que resta de 2020.

Para optar a este aplazamiento es necesario que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 haya originado en el interesado periodos de inactividad, reducción significativa en el volumen de las ventas o interrupciones en el suministro en la cadena de valor que le dificulte o impida atender al pago del préstamo.

La solicitud deberá efectuarse antes de que finalice el plazo de pago en periodo voluntario, y deberá ser estimada de forma expresa por el ente público. El plazo de la Administración para contestar es de 1 mes. En caso de que no conteste, la solicitud se entiende denegada

La estimación de la solicitud llevará consigo la modificación del calendario de reembolsos, respetando el plazo máximo del préstamo, pudiendo las cuotas aplazadas ser objeto de fraccionamiento.

Las cuotas aplazadas devengarán el tipo de interés fijado para el préstamo o crédito objeto del aplazamiento. No se aplicarán gastos ni costes financieros por el aplazamiento.

 

X. DERECHO A LA PERCEPCIÓN DEL BONO SOCIAL POR CESE DE ACTIVIDAD O REDUCCIÓN DE FACTURACIÓN

Se podrán beneficiar del bono social en la factura de la luz, aquellos consumidores que acrediten que tras la declaración del estado de alarma, el titular del suministro o alguno de los miembros de la unidad familiar, se encuentra afectado por medidas de regulación de empleo adoptadas por sus empresas, o en caso de trabajadores autónomos han cesado en su actividad profesional, o han visto reducida su facturación en un 75% en promedio respecto al semestre anterior.

 

XI. MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD Y GAS NATURAL

Para tratar de aliviar la carga financiera que van a tener que atravesar los autónomos y las pymes en sus negocios, se prevé la posibilidad de que durante el estado de alarma, los mismo puedan suspender o modificar temporalmente sus contratos de suministro de electricidad y gas natural sin penalización, para adaptarlos a las nuevas pautas de consumo derivada de la situación de crisis sanitaria.

Asimismo, durante el período de 3 meses desde la finalización del estado de alarma, se podrá reactivar o solicitar una nueva modificación del contrato, sin coste ni penalización de ningún tipo.

 

XII. SUSPENSIÓN DEL PAGO DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD, GAS NATURAL Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

En la misma línea que el apartado anterior, se prevé la posibilidad de que los autónomos y empresarios puedan solicitar a las empresas suministradoras la suspensión del pago de las facturas que incluyan los días en los que ha estado vigente el estado de alarma.

Cuando finalice el estado de alarma, las cantidades adeudadas se regularizarán por partes iguales durante los siguientes 6 meses en las facturas que se vayan devengando.

 

XIII. EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE) POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Se trata de un procedimiento por el que se solicita la suspensión temporal de contratos y/o la reducción temporal de la jornada de trabajo (ERTES), de los trabajadores a cargo de la empresa como consecuencia de las pérdidas de actividad ocasionadas por el impacto negativo del COVID-19.

Los principales aspectos a tener en cuenta sobre esta medida son los siguientes:

  • Las pérdidas de actividad consecuencia directa del COVID-19 tendrán la consideración de fuerza mayor a los efectos de la suspensión de los contratos o la reducción de la jornada.
  • Se ha agilizado la tramitación de este procedimiento. Se iniciará mediante solicitud de la empresa, a la que se acompañará un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia directa del COVID-19.
  • La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de las medidas solicitadas deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.
  • La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de 5 días desde la solicitud (o 10 días en el caso de la Comunidad Valenciana), y previos los informes oportunos. En caso de que la autoridad laboral no conteste en ese plazo, la medida solicitada se entenderá concedida, produciendo todos los efectos legales.
  • La duración del ERTE queda supeditada a la finalización del estado de alarma, no pudiendo alargarse esta medida más allá de la finalización la crisis sanitaria.
  • Los trabajadores afectados pasarán a situación legal de desempleo, y tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del periodo de cotización necesario para ello. Además, el periodo durante el que estén percibiendo la prestación no les computará a efectos de consumir los periodos máximos de percepción legalmente establecidos.
  • Asimismo, se establece la exoneración a las empresas del pago del 100% de la aportación empresarial a la Seguridad Social que a la fecha de 29 febrero de 2020 tuvieran menos de 50 trabajadores (la reducción será del 75 % en caso de que la empresa tenga más de 50 trabajadores). La empresa deberá comprometerse a mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

 

XIV. LINEA DE AVALES ICO PARA EMPRESAS Y AUTONOMOS CON EL FIN DE PALIAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL COVID-19

El Consejo de Ministros ha aprobado, con fecha 24 de marzo, las condiciones y requisitos para acceder al primer tramo de avales para facilitar el acceso al crédito y liquidez a empresas y autónomos para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Del primer tramo activado de la Línea de Avales, por importe de 20.000 millones de euros, solo 10.000 millones de euros se destinan a autónomos y pymes. El resto será para grandes empresas.

La finalidad de los avales es cubrir los nuevos préstamos y renovaciones de los ya concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación como pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.

Las empresas y autónomos tendrán acceso a estos avales a través de sus entidades financieras, mediante la formalización de nuevas operaciones de financiación o renovación de las existentes.

Las entidades concederán nuevos préstamos y renovaciones a autónomos y empresas de todos los sectores de actividad que tengan domicilio social en España y que se hayan visto afectados por el COVID-19, siempre que:

  • Las operaciones hayan sido formalizadas o renovadas a partir del 18 de marzo de 2020.
  • Las empresas y autónomos no figuren en situación de morosidad a fecha 31 de diciembre de 2019, ni estén incursas en un procedimiento concursal a fecha de 17 de marzo de 2020.

Las entidades financieras pueden solicitar el aval para los préstamos y operaciones suscritas con autónomos y empresas formalizados o renovados a partir del 18 de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020.

En el caso de autónomos y pymes el porcentaje máximo del aval podrá ascender al 80% del principal de las nuevas operaciones de financiación y de las renovaciones.

El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación, hasta un máximo de 5 años.

La entidad financiera tiene la obligación de garantizar que los costes de las nuevas operaciones y renovaciones que se beneficien de estos avales se mantendrán en línea con los costes cargados antes del inicio de la crisis del COVID-19, teniendo en cuenta la garantía pública del aval y su coste de cobertura.

 

XV. RESCATE DE FONDOS DE PENSIONES

Se permite que, durante el plazo de 6 meses desde el 14 marzo de 2020, los partícipes de los planes de pensiones puedan, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados en los siguientes supuestos y por los siguientes importes:

 

a) Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un ERTE derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

En este caso se puede disponer de un máximo de hasta los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del ERTE.

 

b)Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida.

En este caso, se puede disponer de hasta un máximo de ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la suspensión de apertura al público

 

c) En el caso de los trabajadores autónomos que hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria.

En este caso, se puede disponer de hasta un máximo de los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

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